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La listeriosis y la salud pública

Cabe reclamar un análisis de todos los aspectos que merece la pena reforzar cara al futuro en los dispositivos de salud pública

La crisis de salud pública a la que estamos asistiendo estos días tras la alerta decretada por la Junta de Andalucía a causa de un brote de listeriosis, llena de preocupación al conjunto de la sociedad andaluza y española; y es lógico que sea así.

Son muchas las personas afectadas, son serias las consecuencias en la salud de algunos pacientes que tienen un riesgo especial por sus circunstancias específicas y es grande el esfuerzo del sistema sanitario y de sus profesionales para atajar este brote epidémico.

La trascendencia y el impacto del brote justifican la atención que los medios de comunicación y la propia sociedad está concediendo al asunto y es imprescindible asegurar que las decisiones adoptadas por las autoridades públicas han sido las correctas.

Por eso es también imprescindible la transparencia en todo el proceso, dar cuenta de cada paso y de cada una de las decisiones adoptadas y evaluar con rigor si éstas han sido correctas y eficaces en el objetivo y en la obligación que tienen las autoridades de proteger la salud del conjunto de la sociedad.

Cualquier crisis de salud pública requiere una evaluación rigurosa que permita por una parte mejorar la gestión en otras situaciones que puedan ocurrir en el futuro, corrigiendo eventuales errores y, por otra, para estar seguros de si existen o no bases para la exigencia de responsabilidades a la empresa o empresas implicadas o, también, responsabilidades políticas en caso de que las haya. Estoy seguro que se analizará todo el proceso y pronto tendremos más seguridad para emitir juicios al respecto.

Pero también se puede afirmar al hilo de esta crisis, que se debe resaltar la importancia de disponer de un buen dispositivo de vigilancia epidemiológica y de un buen equipo de profesionales y medios para la aplicación de políticas de salud pública, cuyo objetivo es cumplir el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a la protección de la salud de toda la población.

Invertir en salud pública es (sin duda) invertir en mejor salud. Pero también es invertir en la propia economía dado que asegurar el adecuado funcionamiento de las empresas que manufacturan productos alimenticios es asegurar garantías para el crecimiento en su propio mercado.

Y, por otra parte, disponer de un buen dispositivo de salud pública es también vital para una comunidad como Andalucía y un país como España con un enorme atractivo turístico que, en parte, se beneficia de estas garantías de seguridad que aportan estos dispositivos.

Por todo ello, cabe reclamar un análisis de todos los aspectos que merece la pena reforzar cara al futuro en los dispositivos de salud pública, sea en los salarios de los profesionales que prestan sus servicios en estas unidades o sea en la planificación de necesidades tanto de recursos humanos como materiales. Esto es así porque crisis de salud pública seguirá habiendo y conviene prevenir, proteger y, cuando sucedan, actuar con solvencia.

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