La colmena

Magdalena Trillo

mtrillo@grupojoly.com

¡Menos mal que no tengo un máster!

El tono socarrón de Esperanza Aguirre en el Senado, por la suerte de no tener un máster y con su cínico consejo sobre ¡lo bien que se está en casa!, probablemente sea lo más sincero y revelador que esta semana hemos escuchado del extraño caso de Cristina Cifuentes y su máster fantasma. Por las ramificaciones con que se está expandiendo la crisis del PP, por la mancha de desprestigio que ha vuelto a ensombrecer a la clase política y, como efecto colateral, por el perjuicio que está suponiendo para la imagen de toda la universidad española.

Los muros de contención hacen aguas: Cifuentes tiene que dimitir -casi más por lo que ha mentido que por lo que ha hecho-, pero también el rector de la Rey Juan Carlos -casi más por lo que no ha hecho-. Son dos escenarios distintos de irregularidades y despropósitos -el político y el académico- que exigen medidas valientes y contundentes de asunción de responsabilidades que vayan más allá de cumplir el expediente y del suicida cierre de filas. Porque lo ético y lo estético se une a posibles infracciones administrativas y hasta de tipo penal.

El enroque del PP no sólo le puede costar el gobierno de la Comunidad de Madrid a un año de las elecciones; también tendrán que valorar hasta qué punto están dispuestos a fabricar un nuevo 'Tierno Galván' facilitando la llegada de Ángel Gabilondo, regalándole una precampaña de diez meses y reforzando la alianza PSOE-Ciudadanos que desde Andalucía viene marcando el contrapunto a la estrategia de pactos de la formación naranja -por mucho que ya empiecen a sonar los calculados tambores de adelanto electoral-.

En la Rey Juan Carlos debería abordarse de una vez, y con cirugía mayor, qué ocurre en esta universidad inexplicablemente "pública", constantemente sumida en la polémica y vinculada desde sus inicios al Partido Popular. Voy a aplicar el mismo criterio que defendería para la enseñanza básica segregada. Y al margen del aval que estos centros anacrónicos -que apuestan por discriminar por sexos justo cuando la batalla es la contraria- acaban de lograr del Tribunal Constitucional: absoluta libertad para que los padres elijan el colegio de sus hijos pero no con el dinero de todos; no con subvenciones públicas. Exporto el argumento a la enseñanza superior: si los políticos quieren un retiro académico en modo puerta giratoria, que lo paguen; si quieren tratos de favor y normas especiales para afrontar sus estudios, que los paguen. Y que no nos confundan a los demás. Ni a los que se dejan la piel, y el dinero, en la butaca de al lado para conseguir un título (y, por encima del papel, una formación supuestamente de calidad) ni a quienes lo hacen en instituciones con acreditadas trayectorias y férreos instrumentos de filtro y control.

Con todo, lo mejor del caso Cifuentes tal vez sea la operación limpieza de curriculum que ha desencadenado a nivel nacional. No habrá político ni cargo público en España que no se haya puesto a pensar si lo exageró, si lo retocó, si lo maquilló y, sobre todo, si lo pueden pillar. Les animo a que vayan a la Wikipedia y vean la cantidad de entradas que se han editado en los últimos días.

"Estudios de". Pocas veces la realidad se corresponde con el deseo. Y es que una cosa es empezar y otra terminar. Suele ser un clásico en las campañas electorales. Cuando se dan a conocer las listas de candidatos de los diferentes partidos y cuando, tras la cita con las urnas, toman posesión de sus cargos. En esos momentos, los medios los diseccionamos y situamos la lupa sobre su perfil. Las sorpresas son tan morbosas como el momento en que, en aras de la honradez, se fiscaliza su paso por el poder haciendo públicas sus declaraciones de la renta… Y aparecen sus coches, y sus casas, y sus fondos de inversión...

La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha sido carne de cañón para el PP a cuenta de los diez años que tardó en terminar Derecho y de su diploma de Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo. Este posgrado, como algunos medios han vuelto a publica esta semana, se habría financiado con el fondo de reptiles de los ERE (se dieron unas becas por la Dirección General de Empleo) y benefició a numerosos sindicalistas y políticos socialistas como el actual alcalde de Granada, Paco Cuenca, que ya en 2004 tuvo que dar más de una explicación. Puesto en marcha el ventilador para contrarrestar el caso Cifuentes, de la operación limpieza ya hemos pasado a la ofensiva desempolvando todo lo que pueda contribuir al corruptómetro y al 'y tú más'.

Si nos quedamos en Granada, el propio presidente del PP, Sebastián Pérez, tuvo que pedir en su día que modificaran la Wikipedia para aclarar que "no acabó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de Granada". Aparece como "cita requerida" y, extrañamente, un poco más abajo se presenta como político y "asesor de empresas". Lo cierto es que no miente y es consecuente: no es licenciado y no dice que lo es. Muy distinto al polémico caso del exdiputado Francisco Tarifa, que le salpicó cuando estaba al frente de la institución provincial. Poco después de dimitir por el fracaso del proyecto de la Alpujarra como Patrimonio Mundial, Tarifa se enfrentó a un escándalo por la falsificación de un título. Como Cifuentes pero en plan chapuza. El certificado con que acreditaba tener nivel intermedio de Francés parecía modificado a golpe grotesco de Photoshop y la Escuela de Idiomas de Órgiva tardó medio segundo en asegurar que "ni constaba como alumno ni había superado nivel alguno". También entonces, en la precampaña de 2015, Tarifa seguía la escuela Cifuentes y se presentaba como víctima de una "cacería".

Viajando un poco más en el tiempo, el caso local más sonado tocó de lleno a la entonces Caja General de Ahorros. Julio Rodríguez, presidente de la entidad en el año 2000, tuvo que acudir a los juzgados para defender la capacitación de su director general tras una denuncia de CCOO a la que se sumó el PP. Fernando Rodríguez, en contra de lo que figuraba en su currículum, sólo aprobó una asignatura de Derecho y no realizó un Máster de Dirección de Empresas en Deusto…

En algunas ocasiones, la tentación del amaño ha fulminado carreras en cuestión de horas. Diez días ocupó Cristina Almagro el cargo de concejal de Juventud del PP en el Ayuntamiento de la capital; justo el tiempo que en 2014 tardó en conocerse su condena por falsificar certificados para ser presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín.

La casuística es variopinta, las razones diversas y los resultados inciertos. Al final de todo, y pese a lo mucho que nos deleitamos estos días en las críticas a la universidad, sería cínico no admitir lo que viste un título a nivel profesional y social. Bien enmarcado. Con la firma del Rey y al lado de la orla. Más aún si hablamos del gobierno de los mejores.

A medida que los españoles nos hemos ido abriendo al mundo, ¡y a los idiomas!, era lógico que progresáramos ascendiendo al nivel del máster y de los estudios de posgrado, preferiblemente en centros extranjeros. Y es que el inglés también vende más. Pablo Casado es un ejemplo de esta sofisticación, aunque resulte que el viaje transatlántico se hizo cuatro días al hotel de al lado… ¿Pero alguien se va a poner a comprobarlo? Pues resulta que sí. Que no hay que tener altos estudios para saber que las mentiras tienen las patas muy cortas.

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