Acabamos de conocer que a finales de este mes de abril, la seguridad social española alcanzará el récord de los 20 millones de cotizantes tras sumar unos 36.000 más en este periodo. Es un dato sin duda muy positivo, más aún en estos tiempos de dificultades económicas por causa de la invasión rusa a Ucrania y la incertidumbre que ello ha generado.

Pero es bien importante no perder la perspectiva y ser conscientes de que un buen porcentaje de esos 20 millones de personas ocupadas y cotizantes a la seguridad social tiene un status económico precario que a muchos de ellos les hace difícil llegar a fin de mes.

Especialmente compleja es la situación de los trabajadores más jóvenes y de los menos cualificados, que no siempre perciben realmente el salario mínimo interprofesional pero que, además, con la enorme tasa de inflación que hoy tenemos, sufren una merma de la capacidad adquisitiva que les dificulta salir adelante de una manera digna.

Los sectores más desfavorecidos son los que más necesitan del Estado: disponer de una sanidad pública o una educación pública de calidad y gratuita, junto a otro tipo de prestaciones y apoyos estatales para salir adelante es algo que solo es factible si disponemos de un sistema impositivo que haga real el principio de aplicar impuestos progresivos para que pague más quien más gana y para que el uso de los servicios esté basado en el principio de que use más el que más necesite.

Es por eso que siendo yo partidario de una reforma fiscal que profundice en esos principios y corrija las desviaciones que con el paso de los años se han ido produciendo, sin embargo rechazo el debate electoralista y simple sobre la rebaja de impuestos que se propone por parte del Partido Popular.

Quienes proponen la idea de bajar impuestos sobre la falsa premisa de que el Estado se forra con los impuestos, sabiendo que los recursos disponibles (gestionados la mayoría por las Comunidades Autónomas) son insuficientes para nuestras necesidades, hacen un planteamiento fuera de la realidad y contribuyen a perder la oportunidad de un debate serio para una reforma fiscal que es necesaria, pero que debería ser rigurosa y fruto de un acuerdo estratégico de futuro en el que se incorporen también medidas eficaces frente al fraude fiscal.

Y es que un Estado moderno debe tener un sistema fiscal justo y progresivo para que el Estado dd Bienestar cubra las necesidades que afectan de manera desigual a determinados sectores. Sobre todo, a quienes viven en la precariedad.