LA Junta de Andalucía ha abierto un expediente al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras conocerse que participó en dos monterías en sendas fincas de Jaén junto al magistrado Baltasar Garzón, que investiga una trama de corrupción relacionada con el Partido Popular. El ministro ha reconocido en televisión que carece de licencia para cazar en Andalucía, por lo que el expediente acabará previsiblemente con la imposición de una multa de 600 a 4.000 euros y la inhabilitación para cazar entre un mes y cinco años. Son las sanciones que contempla la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía, en vigor desde 2003. Bermejo se mostró desolado por la falta cometida, pero ofreció una explicación nada convincente: dijo que las fincas en cuestión están cerca de Puertollano (Castilla-La Mancha, donde sí está autorizado para cazar), cuando en realidad los cotos distan 137 y 233 kilómetros de esta localidad manchega. Las torpezas del ministro de Justicia, empezando por la inoportuna y antiestética compañía de Garzón en las dos cacerías comentadas, están sirviendo en bandeja al PP la munición con la que defenderse del desgaste que le supone verse implicado en los casos de corrupción detectados en Madrid y la Comunidad Valenciana. A ello se une su responsabilidad en el conflicto de la Justicia, que ha provocado la primera huelga de jueces de la historia, tras haber mantenido una postura de dura confrontación con las cuatro asociaciones judiciales y más dura aún con los jueces de base, más radicalizados en sus protestas. Si no cambia esta actitud, que combina con modos sectarios y agresivos de pronunciarse y de debatir con la oposición, lo más probable es que en junio la huelga de los jueces y magistrados adquiera carácter general y origine un conflicto de Estado. Fernández Bermejo está demostrando que no es el ministro adecuado para una cartera trascendental en cuyas manos radica la organización y dotación del tercer poder del Estado. Su grado de deterioro ante la opinión pública es indisimulable.