Los monumentales cambios que esperan al sistema educativo, propondrá tres puntos básicos de atención y desarrollo: las múltiples aplicaciones de las nuevas tecnologías que debían haberse introducido en las aulas hace ya muchos años, la ruptura del equilibrio escuela-hogar para el desarrollo emocional y educativo del menor, y las limitadas posibilidades de movilidad real y social de los escolares. Por otro lado, el Covid supone un sustancial cambio del entorno educativo en detrimento de las relaciones interpersonales que, de no remediarse, tiene visos de permanecer como elemento modificador de conductas. Finalmente, la crisis económica y la irrupción del aprendizaje a distancia, pueden convertirse en peligrosos competidores de la educación convencional como la concebimos. Lo que parece fuera de toda duda es que, para bien o para mal, obligará a cambiar el concepto de escuela y universidad.

Estamos ante conclusiones que el desarrollo en nuestras casas de esta nueva y precipitada modalidad educativa por mor del Covid, nos permite anticipar. En este sentido, la presencia inmediata de las familias en este cambio, debería haber propiciado que las administraciones educativas hubieran requerido su opinión en los foros de discusión educativa, lo que, por desgracia, no ha tenido lugar. Hoy nos tememos que, de continuar esta dinámica de incertidumbre, educar en septiembre adquiere tintes dramáticos si carecemos del amparo de una administración eficaz y decidida, dispuesta a afrontar soluciones desde todos los ámbitos transversalmente comprometidos. O soplan vientos a favor que alejen el Covid de nuestros lugares de reunión masiva, o el curso nos pillará, poco menos que como hasta ahora.

La ministra Celaá propuso una ratio del cincuenta por ciento y periodos de permanencia lectiva intermitente en centros educativos. Majaderías aparte, ninguna actividad, y menos la educativa, puede producirse sin criterios que permitan su sostenibilidad por los grupos afectados. Parece mentira que sin evaluar criterios de conciliación familiar, puedan abanderar soluciones educativas para el próximo curso. Tampoco la Consejería en Andalucía entiende necesario el concurso de los padres en foros donde calibremos aspectos esenciales de esa nueva educación: conciliación, conocimiento y desarrollo de recursos didácticos en casa, material para formación a distancia, tutorías formativas, coordinación de trabajos…

Las discusiones de estos aspectos se han producido en la mesa general de la enseñanza concertada, donde las familias no formamos parte. Lleva razón la consejería cuando define que la concepción normativa y competencial de aquel órgano, excluye la legitimación que justifique nuestra presencia. Pero es la Consejería quien, transgrediendo ámbitos y competencias normativas de aquel órgano, permite el debate de materias que exceden del marco competencial, lo que desvirtúa el adecuado debate educativo.

Dos soluciones: aumentar el ámbito competencial de aquel órgano para incluir a las familias o generar otro foro de discusión y acercamiento para tratar aquellos temas que exceden del convenio colectivo. Cualquier solución será válida. Las organizaciones representadas en el foro lo entienden así. La nueva educación lo exige. Y lo exige ya.