Nada nuevo lo de disecar los siempre complejos y necesariamente interpretables hechos históricos en una única verdad oficial. El franquismo tuvo su propia ley de la memoria histórica y la impuso con las facilidades que ofrecen las dictaduras. Durante 40 años la memoria histórica franquista llamó alzamiento al golpe de Estado, cruzada a la Guerra Civil y democracia orgánica a la dictadura. La explicación del necesario alzamiento fue el caos imperante durante la débil y corrupta Segunda República que condujo al umbral de una revolución comunista y anarquista, la restitución de los valores eternos que hicieron la grandeza de España y la erradicación de esos dos males -democracia y partidos políticos- que habían provocado el decaimiento de la patria y la catástrofe del 98. Franco mismo lo expuso como en un manual en el guión que escribió para Raza bajo el seudónimo de Jaime de Andrade.

Desde la Ley de Memoria Histórica de Zapatero a la Ley de Memoria Democrática presentada el martes el PSOE pretende repetir, volviéndolo del revés, el relato único de los hechos y darle rango de ley (otra cosa, por todos admitida, es dar digna sepultura a los enterrados en cunetas y fosas comunes). Afortunadamente somos una democracia, nadie puede impedir el trabajo de los historiadores, censurar sus libros o prohibir la libre interpretación de aquellos hechos -tan complejos- y no podrá imponerse el relato único. Amagos ha habido (la acusación de revisionista a Trapiello, por ejemplo) y habrá. Pero la democracia anulará lo que de sesgado relato oficial contiene esta ley.

Algunos ejemplos. Dice la ley que el 31 de octubre será el día de todas las víctimas de la Guerra Civil, del golpe de Estado y de la dictadura: ¿también de las víctimas de las checas comunistas o las brigadas de la muerte anarquistas? Dice que se reconocerá cuantos padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta la Constitución española de 1978: ¿y las persecuciones y violencias anteriores, que las hubo, con la religiosa en primer término? La quema de iglesias y conventos no fue, como algunos pretenden, una respuesta popular colérica al golpe del 18 de julio del 36, empezó en 1931 y 1932. Hay más preguntas. Se plantearán.