LA instauración de las tasas judiciales no sólo ha conseguido poner de acuerdo a todos los sectores relacionados con la Administración de Justicia, lo que no sólo se puede explicar argumentando que el corporativismo es algo muy español, sino que aporta un elemento más de opacidad al sistema de financiación de las comunidades autónomas. Muchas de éstas, caso de Andalucía, han asumido las competencias judiciales, pero aún no saben -y, lo que es peor, no sabrán- si una parte de la recaudación servirá para sufragar dicha gestión. La Junta de Andalucía gasta, anualmente, unos 44 millones de euros en pagar los turnos de oficio que sirven para asistir a los servicios gratuitos de Justicia; parte de las tasas impulsadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón deben servir para ello, pero la ley no aporta datos sobre el reparto y se remite, vagamente, a los Presupuestos Generales del Estado. La instauración de esta suerte de impuesto -al fin y al cabo, no es más que eso- sigue la misma senda, por tanto, que otras subidas, como la del IRPF o la del IVA, conceptos cuya recaudación es compartida con las comunidades autónomas, pero que el Estado sigue sin aclarar en qué medida se repartirán entre las autonomías. Es cierto que las comunidades deben controlar mejor sus gastos, pero el Estado central debe acabar con esta opacidad y emprender cuanto antes la reforma de un sistema de financiación autonómica que se ha revelado en pocos años como opaco, contradictorio y, especialmente, dañino para comunidades, como Andalucía, a las que debería beneficiar para corregir. Un sistema que desde su nacimiento fue extraño: se aprobó con los votos del PSOEy de la misma Esquerra Republicana que ahora habla del expolio hacia Cataluña. La corresponsabilidad que la Administración central exige a las comunidades debe ser un concepto de ida y vuelta, y España debe dotarse con un sistema sencillo, transparente y equitativo para todos los ciudadanos con independencia del territorio donde vivan.