la tribuna

Francisco J. Ferraro

El optimismo presupuestario

TAL vez le sorprenda el calificativo de optimista para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2013 aprobado el pasado jueves, cuando lo destacable es que prevé un año más de recesión y concreta la continuidad de la política de recortes, aunque son unos presupuestos expansivos, ya que el gasto del Estado aumenta un 5,6% respecto a 2011, lo que lo situará en el nivel más elevado de la historia, tanto en términos nominales como en relación al PIB, superando la media del peso del gasto público sobre el PIB de los países de la OCDE.

Claro que el optimismo desaparece cuando se comprueba que el gasto medio de los ministerios se reduce un 8,9%. El diferencial proviene del aumento del gasto de la Seguridad Social y, sobre todo, del pago de intereses de la deuda pública, que se elevará a 38.590 millones de euros (un aumento del 33,8% respecto a este año). Con ello los intereses de la deuda se convierten en la principal partida presupuestaria, en una grave restricción para el desarrollo de otras políticas y en una losa para las generaciones futuras, que tendrán que soportar buena parte de los costes de los excesos del pasado.

Por tanto, las implicaciones de los presupuestos no son optimistas, por lo que el optimismo al que me refería en el título de este artículo se refiere a los supuestos de partida y a sus implicaciones. Así, el cuadro macroeconómico para 2013 prevé un descenso del PIB del 0,5%, mientras que los analistas y las instituciones económicas internacionales prevén una reducción entre el 1,4 y el 2%. La previsión del proyecto de presupuestos se apoya en algunas de las variables determinantes del PIB, con comportamientos previsibles muy diferentes a los recogidos en el cuadro macroeconómico: particularmente un aumento de las exportaciones del 6% en un contexto recesivo de nuestros principales socios comerciales, o la leve reducción de la inversión en un 2,1%. Igualmente improbable es la reducción del empleo en un 0,2% (y la reducción de la tasa de paro ), lo que determinaría una disminución de la productividad, impropia en un contexto de ajuste.

Sobre el escenario macroeconómico se construyen unas previsiones de ingresos tributarios notablemente optimistas a juzgar por el comportamiento de los últimos años: aumento de la recaudación en un 13,2% del IVA, un 2,2% el IRPF, y un 7,7% los Impuestos Especiales. No obstante, estos aumentos de ingresos no serán suficientes para financiar el aumento de los gastos, por lo que se adoptarán nuevas medidas tributarias, como el límite de deducción por amortización, el nuevo gravamen sobre los premios de lotería, el fin de la deducción por la compra de vivienda, las plusvalías a corto plazo o la prórroga del impuesto sobre el patrimonio. Y, además, se seguirá recurriendo al aumento de la deuda pública.

Sobre estas previsiones se confecciona un proyecto de presupuestos en los que el déficit del Estado y de la Seguridad Social debe reducirse al 3,8% del PIB, y sumada las administraciones territoriales al 4,5% del PIB, que es lo comprometido con Bruselas. De las anteriores consideraciones se deriva que es poco probable que se cumplan las previsiones referidas, máxime si partimos de un déficit en 2012 superior al previsto en los compromisos de estabilidad (en el mes de agosto el déficit del Estado ya se elevaba al 4,77% del PIB, superando el objetivo del 4,5% fijado para todo el año). El Gobierno no debe ser ajeno a estos cálculos, pero parece conjugarlos con el calendario electoral (como ya lo hiciera con los presupuestos de este año y las elecciones andaluzas) y su estrategia de gradualidad en los recortes. Por ello, no sería de extrañar que una vez superadas las elecciones de Galicia, el País Vasco y Cataluña, se hiciesen recortes adicionales, como ocurrió con el proyecto de presupuestos de 2012, que se recortó en 10.000 millones de euros diez días después de su presentación, y se volvieron a hacer nuevos ajustes en el mes de julio. En particular, queda pendiente la revalorización de las pensiones de 2012 de acuerdo con la inflación en noviembre, para lo que podría modificarse el régimen legal que las regula antes de final de año para evitar un desembolso en torno a 2.000 millones de euros.

Por lo que se ve el optimismo antropológico del que se le acusaba a Rodríguez Zapatero y la condicionalidad de la política económica a los intereses electorales del partido del Gobierno continúa en el tiempo como si fuese un influjo del Palacio de la Moncloa o, más bien, una disfuncionalidad del sistema político español. Lo cierto es que trampeando con el ajuste del déficit se seguirá deteriorando la confianza de los mercados, de los socios europeos y de los propios ciudadanos españoles en la gestión política. Una vez impuesto y aceptado el objetivo de déficit público lo coherente es recortar el gasto público, pues cuanto antes frenemos la necesidad de endeudamiento, y la consiguiente restricción por los elevados intereses, antes podremos iniciar la recuperación.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios