EL año y medio que le queda de mandato a Carlos Dívar va a ser un calvario. No han convencido a casi nadie sus tardías y evasivas explicaciones sobre veinte viajes a Marbella, uno cada dos meses, en fines de semana de jueves a martes, hoteles de cuatro estrellas que el interesado no considera de lujo, almuerzos y cenas con un solo comensal cuya identidad no quiso revelar, como si fuese un secreto oficial, en restaurantes que pudieran ser de lujo, aunque no su precio.

Sus palabras dejan sobre todo claras dos cosas; que no piensa dimitir y que es de Málaga. Ignoro por qué fatalidad nos salen a los andaluces estos paisanos ejemplares que tan poco hacen por nuestro prestigio colectivo en el ámbito nacional.

Dívar es un caso que desmiente la teoría de que hay que elegir por consenso los puestos clave del Reino. Este nombramiento es herencia recibida en estado puro, una brillante ocurrencia de un presidente del Gobierno de notables ocurrencias. Zapatero, en su infinita sabiduría, se sacó de la manga el nombre de un jurista que nunca había pertenecido a un órgano judicial colegiado, profundamente conservador y ferviente católico, lo que es chocante viniendo de un presidente tan progresista y laico. A Rajoy le pareció una excelente la elección. Y así es como nos hicieron este regalo institucional.

El PP, tan aficionado a sacar a pasear la herencia recibida al menor contratiempo, no lo ha hecho en este caso. Al revés, el ministro de Justicia ha llegado a decir que Dívar saldría reforzado de esta crisis. El jueves, Gallardón sostuvo que en estos delicados momentos la fortaleza de las instituciones es determinante para superar la crisis. Una teoría que el Gobierno no ha aplicado al Banco de España y a su gobernador, cocinado a fuego lento por los líderes del Partido Popular en un descarado intento de eludir su responsabilidad en el hundimiento de Bankia, que es máxima.

El presidente del Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Supremo ha sido amparado por una Fiscalía que no le quiso investigar, porque sencillamente cree en su palabra. Y el ministro pone la guinda al encubrimiento, al explicar que no debe comparecer en el Congreso porque hay separación de poderes. Se olvida de que en la soberanía nacional reside en el pueblo español (artículo 1 de la Constitución) y que las Cortes Generales representan a ese pueblo soberano (artículo 66). ¿Separación de poderes?

Y ya que estamos con la Constitución, el artículo 56 considera que el Rey no está sujeto a responsabilidad. Dívar el jueves superó con creces esta figura. Se declaró jurídica, moral y políticamente irresponsable. Debería hacerse un favor a sí mismo y dimitir. Tendría más tiempo para descansar.