En los próximos dos años vencerán tres concesiones estatales que afectan a autopistas hoy de peaje. La primera corresponde a la que discurre entre Burgos y Álava; a ésta seguirá la de la que transita entre Tarragona y Alicante; y la última, vital para nuestro entorno, será la que concierne a la que une Sevilla y Cádiz. Si a esto añaden que poco tiempo después, en 2021, terminan también las concesiones de otras dos importantes vías (la AP-7, de Barcelona a La Junquera y a Tarragona y la AP-2, de Zaragoza al Mediterráneo), comprenderán que se acerca un debate capital, en el que está en juego la definición del futuro modelo aplicable a nuestras carreteras de alta capacidad.

Por lo que dice, el Gobierno parece dispuesto a no renovar dichas concesiones. Pero eso no conlleva automáticamente que no haya de seguir pagándose por su uso. Lo que el Gobierno aún no aclara es si planea volver a licitarlas, si, en cambio, mantendrá el control público pero será el propio Estado quien recaude o, al cabo, si las liberará por completo. A su vez, en el supuesto de perpetuación del peaje, sea la gestión pública o privada, pueden entrar en juego distintos sistemas: desde la famosa viñeta, habitual en otros países europeos, hasta cobrar sólo a vehículos pesados, a éstos y a turismos no residentes o a todos.

Éste es el marco en el que nosotros, como andaluces, debemos hacer valer nuestras razones. La concesión y el peaje de la AP-4 deben finalizar definitivamente el 31 de diciembre de 2019. En primer lugar, porque tiene que acabar esa larga historia de prórrogas incomprensibles que, gracias a tres partidos (UCD, PSOE y PP) alargaron la obligación de 24 a 46 años. En segundo, porque se trata de una obra hiperamortizada: los 6.525 millones de las antiguas pesetas que costó su construcción suponen menos de lo que la concesionaria obtiene cada año por su explotación. Y, a la postre, porque ya es hora de reparar un agravio comparativo de décadas para el que, además, jamás hubo verdadera voluntad política de estructurar soluciones alternativas.

Al menos para los residentes en la zona, para los que nos rascamos el bolsillo a diario por el mero hecho de salir de casa, esta pesadísima carga tiene que desaparecer. No entenderemos ni aceptaremos otra opción. Diseñen el sistema que se les ocurra. Pero sepan que, en la empobrecida Andalucía, no aguantaremos ni un minuto más tan injusta, onerosa y rentabilísima desvergüenza.