EL sistema sanitario, tan descentralizado que no sé si se justifica que siga abierto un ministerio del ramo, llega al ecuador de 2011 más moroso que nunca. La realidad es que todas las instituciones públicas, salvo contadas excepciones, tienen más deudas que en cualquier otro momento y, además, tardan mucho más en pagarlas.

Las consecuencias son evidentes. Graves para numerosos proveedores y contratistas de las administraciones (Estado, autonomías, ayuntamientos), y letales para muchas pequeñas empresas y autónomos que dependían de los servicios que prestaban a las mismas. Han tenido que despedir personal o cerrar. En algunos casos, han acampado delante de los organismos deudores para llamar la atención sobre la gravedad de lo que se estaban jugando.

Pero con la sanidad es peor, porque se trata de un servicio básico, uno de los pilares del Estado del bienestar y la mayor conquista social de la España contemporánea. Las comunidades autónomas, que cogieron con rapidez las competencias en materia de salud, acumulan una deuda de 9.400 millones de euros (cinco mil y pico en fármacos y cuatro mil y pico en material). Es un pellizco, oigan, que se convierte en herida al considerar que las comunidades están tardando una media de cuatrocientos días en pagar a los proveedores sanitarios y a los laboratorios. Hay regiones, como Castilla y León, que duplican esa demora.

El problema va a más. Las autonomías están a la cuarta pregunta, pleiteando con un Gobierno de la nación comprometido, como es su obligación, con el control del déficit público. Y los costes del sistema sanitario no paran de subir. Por la prolongación de la vida, la creciente carestía de la tecnología y las terapias, y también por los abusos de un sector de la población, así en el consumo de medicinas como en el uso de los dispositivos ambulatorios y hospitalarios. Desde que empezó el año la deuda ha aumentado un 11%.

Procede la pregunta: ¿podemos seguir así mucho tiempo? Me parece que no. Las medidas de ahorro puestas en marcha -por ejemplo, en medicamentos- son insuficientes. No se ve otra solución que un pacto político y social de Estado que revise el modelo de financiación y asistencia y promueva las reformas imprescindibles para que se mantenga. Esto es como el Pacto de Toledo sobre las pensiones, no un recorte caprichoso de derechos, sino un ajuste consensuado para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria universal en este país. Quienes se niegan a tocar nada acabarán siendo los enterradores del sistema. Por muchas vestiduras que se rasguen.