LA diligencia judicial para desenterrar a los fusilados en Alfacar junto al poeta Federico García Lorca parece que se ha contagiado de ese bacteria tan granadina que frena y obstaculiza cualquier asunto de cierto calado (económico o moral). Sólo hay una diferencia: aquí está por medio, además, la pereza judicial que es un elemento retardante sobreañadido y posiblemente inextricable. Como casi nadie ignora, el juez Baltasar Garzón se inhibió a favor de un juzgado de Granada; la causa, tras dos meses de retraso en Madrid por la imposibilidad de hacer las fotocopias con más agilidad en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional, llegó al juzgado número 3. Su titular, sin embargo, se niega a abordar el procedimiento por incompetencia: considera que la Audiencia Nacional es la única capacitada para asumir la causa dado que los fallecidos no cayeron aisladamente sino a consecuencia de un "delito contra la humanidad". La Fiscalía de Granada, sin embargo, opina lo contrario y está convencida de que la diligencia debe se tramitada en el juzgado de instrucción.

El expediente (si no ha habido otra incidencia burocrática que desconozcamos como la falta de sellos para el correo o de fondos para pagar al cosario) debe andar de nuevo en Madrid y es posible que la Audiencia Nacional pida la intervención del Supremo para zanjar la cuestión de competencias. ¿Y luego? Pues vuelta a las fotocopias, al decanato, al sorteo, etcétera.

A mí no me preocupa particularmente que no se rescaten los restos de García Lorca. Sobre la oportunidad de desenterrar a la víctima más simbólica de la guerra civil tengo la misma opinión que sobre los restantes muertos fusilados en campo abierto o en las cunetas. Es a los herederos a quienes corresponde decidir qué hacer. Lo que me preocupa es que la discusiones judiciales sobre a quién le corresponda tramitar un expediente puedan retrasar indefinidamente el legítimo empeño de unos familiares que, basándose en la razón legal, pretenden recuperar los restos de los suyos. Ya sea en Alfacar o en cualquier otro punto del Estado.

En este sentido, el caso que nos ocupa es paradigmático de cómo el desacuerdo en la definición por parte de los jueces de la guerra civil (si fue un crimen contra la humanidad o una rebelión militar) frene la aplicación de la ley. Aparte, claro, de la sospechas de carácter ideológico que subyacen en ese asombroso peloteo.