La Rayuela

Lola Quero

lolaquero@granadahoy.com

El pisito

Los problemas de vivienda se parecen a las viejas historias de Azcona, pero ahora envueltos en capas de legalidad vacía

Solo dos días antes del anuncio del Gobierno sobre su pacto con Podemos para sacar adelante una nueva ley de vivienda y las ayudas a los jóvenes para pagar el alquiler, en una celebración familiar, compartí mesa con un casi treintañero que me explicaba precisamente sus enormes dificultades para vivir solo en un apartamento, sin depender de sus padres o tener que compartir gastos con compañeros de piso. Y esto a pesar de tener una nómina que adereza cada mes con aquello que le surge para completar ingresos. "Ninguno de mis amigos se lo puede permitir salvo los que tienen pareja y así pagan a medias".

Y en ese punto no pude evitar acordarme de aquellas historias de Rafael Azcona tratadas con su característico humor negro. La de Rodolfo (José Luis López Vázquez) y su novia Petrita (Mary Carrillo), que planearon la boda de él con una anciana para heredar a su muerte el contrato de alquiler a bajo precio. O la mítica escena del joven José Luis, llevado a rastras al garrote vil para hacer de verdugo, el oficio en el que no había tenido más remedio que suceder a su suegro jubilado solo para poder casarse con Carmen y mantener el piso que el Estado les tenía asignado. Estas historias llevadas al cine, El Pisito y El Verdugo, eran el reflejo de los enormes problemas sociales de la España de mediados del siglo pasado. Y me pregunto qué saldría del genio de Azcona si asistiera al momento actual. Cómo llevaría al terreno de la ironía tan parecidas dificultades, pero ahora envueltas entre capas de mucha legalidad vacía.

A diferencia de entonces, el acceso a la vivienda es hoy un derecho constitucional, como también lo es el derecho a la propiedad, aunque éste forma parte del grupo de los pata negra, el de los derechos de primera generación que están en el origen del constitucionalismo.

La nueva ley aún no se puede leer, pero según lo adelantado estos días pretende incidir directamente en el aumento de la oferta de viviendas de alquiler y en su precio, mediante topes, reservas obligatorias o subidas del IBI. Todas ellas son medidas que la derecha y ciertos sectores económicos rechazan de plano por intervencionistas.

A falta de que todo eso se concrete en un documento explícito, en nuestro ámbito es difícil imaginar una nueva norma que en la teoría pretenda incidir más en el mercado libre que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), vigente durante los últimos 20 años. Es "una Ley que apuesta por la intervención pública en el mercado del suelo, con el objetivo de que dicha intervención sirva para regular, en aras del interés general, los precios del suelo en un mercado generalmente caracterizado por su carácter alcista y la escasa flexibilidad de la oferta".

La exposición de motivos no es una mera declaración de intenciones, pues en su articulado la Ley establece que en todas las nuevas promociones tiene que haber una reserva del 30% de la edificabilidad para vivienda protegida y queda en manos de los ayuntamientos, si la situación así lo exige, destinar mayores porcentajes a "viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas".

Así han sido las reglas del juego en nuestro urbanismo en las últimas dos décadas. Pero hay que contar con que una cosa son las leyes sobre el papel y otra es la práctica real. Un Ayuntamiento como el de Granada y muchos otros encontraron en esta regulación una forma de financiarse más que un modo de controlar el mercado de la vivienda. Los aprovechamientos que correspondían al municipio se han vendido por sistema a los mismos promotores privados y la construcción de viviendas públicas se frenó en seco cuando llegó la crisis y se convirtió en un negocio deficitario. Me remito por ejemplo a la desaparición de Emuvyssa, que dejó a compradores de nuevas VPO con la entrada pagada.

El urbanismo ha sido y es una gran fuente de financiación municipal y mientras que esto sea así las únicas políticas efectivas (sea cual sea la letra de la ley) serán las que permitan conjugar el control del mercado con el desarrollo del propio mercado, dado que los propios ayuntamientos son una actor principal cuya subsistencia económica depende mucho del negocio privado que se mueva a su alrededor, sea cual sea el color político del que tiene el bastón de mando.

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