UNA bronca sobre la televisión pública andaluza ha puesto de manifiesto una de las anemias de nuestra autonomía. Andalucía no ha sabido dotarse en 20 años de un moderno servicio público de televisión independiente, plural y objetivo, que informe de manera neutral y veraz. En definitiva, que cumpla con lo que manda el Estatuto. La televisión pública debe aportar ventajas a quienes la vean, mejorar las expectativas y ambiciones de los ciudadanos, convocar a un máximo de gente joven, preparada, comunicada. Ser un motor de cambio social. En caso contrario, dejaría de tener sentido su existencia. Y debe desempeñar otra función: ofrecer de la realidad andaluza mucho más que su lado más ordinario.

La última evidencia de la distancia entre los grandes deseos y la cruda realidad es la pelea entablada por el director general de la Radio Televisión de Andalucía contra el presidente de una de las nueve instituciones troncales recogidas en el Título IV del Estatuto: el Consejo Audiovisual de Andalucía. El jefe de la RTVA se queja de que el CAA le critique por vulnerar la neutralidad informativa y el pluralismo durante la pasada campaña electoral, en un informe basado en ocho resoluciones de la Junta Electoral. Los consejeros socialistas se han sumado a estas críticas, dirigidas a su presidente, propuesto también por el PSOE: Manuel Ángel Vázquez Medel ha votado esta resolución con los consejeros del PP, IU y PA.

En un durísimo comunicado, la RTVA ha acusado al CAA de no haber recabado su versión de los hechos y de haber actuado con falta de rigor y ligereza. Esta reacción supone una deliberada ignorancia del papel de control del Consejo Audiovisual sobre la empresa pública. El diablo está en los detalles: incluso la llama "alta autoridad reguladora", cuando desgraciadamente, con la ley en la mano, este Consejo nada regula; es un mero órgano consultivo. Pero más allá de esta polémica, que distorsiona los planos jerárquicos, hay que subrayar que la era de las televisiones públicas fundadas sobre la idea de la información institucional o la propaganda gubernamental se ha terminado. En Televisión Española ya ocurrió en la pasada Legislatura: ahora le toca a las televisiones autonómicas.

La televisión representa un fenómeno social y cultural de primer orden; vital para la modernización de Andalucía. Hay un desfase institucional y es urgente que cada cual encuentre su papel: el CAA, vigilar el cumplimiento de las normas; el Consejo de Administración, dejar de ser un destino bien remunerado con escasa dedicación, para políticos con tareas orgánicas en sus partidos. Y la RTVA, orientar su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces. No es poesía. Es el texto literal de la ley fundamental de la Comunidad Autónoma. El Estatuto se aprobó para cumplirlo.