LA iniciativa tomada por el Ayuntamiento de Huétor Vega (PSOE), a instancias de IU, constituye un hito en el camino democrático que va mucho más allá del estatus de la mera anécdota a que se le ha relegado. La información sobre la asamblea popular del jueves pasado, en que se invitaba a los vecinos a participar en la elaboración de los presupuestos y expresar su opinión delante de los ediles elegidos para aprobarlos formalmente, es algo confusa en cuanto al funcionamiento real de la sesión y el papel otorgado a los ciudadanos asistentes.

Se ha afirmado que los partidarios de uno y otro bando acudieron armados de informes detallados sobre asuntos pasados y futuros en un alarde de convertir la singular asamblea en el mismo encontronazo crispado, casposo y cutre a que se nos ha acostumbrado el bipartidismo en ciernes que, ojalá, no llegue a materializarse nunca.

La idea, insisto, es buena, muy buena para los pueblos que componen el Cinturón de Granada ya que su tamaño es, todavía, manejable e idóneo para la celebración de reuniones o asambleas donde se recogen de manera oficiosa las valiosas opiniones de los ciudadanos.

Lejos de ser contrarios a los principios de la democracia representativa, estos cenáculos contribuyen a la eficacia de una auténtica democracia participativa. ¡Pobre participación la que se limita a "expresar" nuestra opinión cada cuatro años mediante la votación a listas cerradas a cal y canto! ¿Cuándo se van a arreglar los baches del camino aquel y cuánto costará si no lo hace el cuñado del alcalde? ¿Por qué no está la Policía cuando salen los niños del cole? Éstas y otras preguntas serían la versión local del "¿cuánto vale un café?" que se le preguntó a Zapatero a nivel nacional (contestó correctamente, dicho sea de paso, porque en el bar de Las Cortes cuesta 70 céntimos).

Incluso abogaría por que reuniones de este tipo se institucionalizaran, con cobertura de las emisoras de radio y televisión locales, y cuyo orden del día fuese elaborado por un comité de ciudadanos en que no cabrían los políticos profesionales con sus miserias de costumbre. Evidentemente, las decisiones no serían vinculantes pero la participación sería real y es posible que los representantes municipales legítimamente elegidos para gobernar -y no sólo cobrar y rascarse la panza- se lo pensarían dos veces antes de caer en la corrupción o desidia a que nos tienen acostumbrados.

Igual que la transparencia es el peor enemigo del político español actual, se levanta en la aliada más poderosa del votante, que lleva demasiados años sumido en un dócil letargo.