palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Las presunciones

HACE 17 años que en el Parlamento andaluz no se constituye una comisión de investigación. ¡17 años! No porque no haya habido casos susceptibles de ser indagados sino porque la mayoría socialista no lo ha permitido. Ahora, a cambio del pacto de gobierno con Izquierda Unida, y después de negarla más de tres veces, por fin va a salir adelante una comisión para investigar el caso de corrupción más inquietante habido nunca en el denso entramado administrativo del Gobierno andaluz: el de los ERE. Sin embargo, algunos han sugerido ya las dos principales acotaciones que tendrá que respetar la comisión: una temporal, que obliga a liquidar la investigación en unas semanas, y otra personal para que no acuda el presidente de la Junta.

Una investigación a contrarreloj y sin las explicaciones en vivo del presidente de la Junta es una pesquisa de juguete. Bien es cierto que ya podemos presuponer, sin miedo a equivocarnos, que las averiguaciones de la citada comisión no iluminarán ningún rincón oscuro que no haya aclarado la investigación judicial. Es decir, que en la práctica no servirá para mucho. Ahora bien, si la coalición de gobierno ha acordado escenificar en el Parlamento una función sobre la honradez (al modo de Calderón) es intolerable que incumpla las reglas escenográficas o, por decirlo de otro modo, las unidades de acción, tiempo y lugar. Sin un respeto escrupuloso a las reglas nadie creerá el argumento. Y si no despierta la credulidad (momentánea) del espectador más que una comisión sería una omisión de investigación.

La consejera de Presidencia, Susana Díaz, ya ha anticipado que no hay motivos para Griñán comparezca. Se trata de una suposición en defensa propia más que de una recomendación del sentido común o legal. Si Griñán escurre el bulto la sombra de la duda planeará eternamente sobre su conducta. Si da la cara, podrá defender e incluso probar que desconocía las maquinaciones que algunos urdían en los despachos vecinos de la Consejería de Empleo.

La reputación del presidente de la Junta está ahora más cuestionada que hace una semana por el controvertido informe de la Guardia Civil; por lo que dice y por lo que algunos quieren que diga. Lo que dice: "Se debe suponer que no sólo porque lo recoja el Decreto 9/1999 sino por la propia lógica e importancia de contenido debía ser conocido [el trapicheo] por el propio consejero", es decir por Griñán. ¿Tiene la Guardia Civil derecho a suponer (más que la obligación de probar) qué sabía de los ERE el hoy presidente de la Junta? Supongo que sí, aunque preocupa la ambigüedad. En todo caso habrá que demostrar las suposiciones y filtrar las presunciones: la de culpabilidad y la de inocencia. Huir de la comisión no es la mejor fórmula de defensa.

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