Podría ser parte del guión de cualquier telefilme policial de las cuatro de la tarde; cualquier capítulo de las exitosas series judiciales que programan a diario las cadenas privadas. 21 gigas. Es lo que pesa, de momento, el caso Nazarí. Más de 15.000 folios divididos en tres grandes bloques: 13 tomos con informes, denuncias, autos o providencias; detallada información sobre los ocho expedientes de las polémicas operaciones urbanísticas que se están investigando; y decenas de horas de conversación -en el banquillo- con el testimonio de los 17 implicados en la causa y los que han actuado ante la jueza en calidad de testigos. De los que tiraron de la manta y de los que empiezan a dar forma al proceso que estalló el pasado mes de abril provocando un abrupto relevo en el gobierno municipal que puso fin a 13 años de mandato de Torres Hurtado y desalojó al PP de la Plaza del Carmen.

El protagonista es José Torres Hurtado y los dos actores principales son su antiguo jefe de Obras, Manuel Lorente, y su ex concejal Isabel Nieto. El primero, su mano derecha, quien ha movido los hilos en el urbanismo de esta ciudad durante más de una década; la segunda es su persona de máxima confianza, su amiga personal, su vecina y hasta su compañera de vacaciones. La historia no se desarrolla en un cortijo pero podría. La jueza habla de una trama corrupta, de una "organización criminal" con su jerarquía y su estructura de poder, que ha funcionado dentro del Ayuntamiento de Granada beneficiando a unos y perjudicando a otros; contando con los funcionarios que miraban para otro lado y apartando a los que no pasaban por el aro.

Qué habría de malo en colocar a un hijo con un promotor amigo o echarle una mano para que consiga algún contrato; quién dice que no se pueda comprar un BMW a un empresario con el que se firman convenios; por qué habría de cuestionarse el envío de emails personales con información clave de operaciones urbanísticas al propio interesado... ¿Hablamos de ética o de legalidad? ¿En el plano administrativo o en el penal? ¿(Sólo) era una guerra de poder?

Como en las malas telenovelas, todo funciona con normalidad hasta que alguien se cabrea. Es entonces cuando entra en escena un señor siniestro con nombre de ficción -Jacobo de la Rosa en nuestro caso- que actúa de garganta profunda y nos despierta: nada es lo que parece. Es ahora cuando empezamos a descubrir que no "existe coincidencia alguna" entre el patrimonio que los cargos públicos declaran oficialmente cuando se ven obligados a cumplir el exigido desnudo de la transparencia con el valor real de sus propiedades, aparecen cuentas bancarias en Andorra y transacciones sospechosas y se multiplican los pisos, tierras y garajes por valor de cientos de miles de euros que se escondían bajo el colchón.

17 investigados, 8 expedientes, 12 empresas y 10 delitos: del cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias a la malversación, el fraude y la estafa. Son las cifras sobre las que se construye la estructura piramidal del caso Nazarí. Pero sólo de momento: la titular del juzgado de instrucción número 2 de la capital ha pedido un informe policial con el resultado del amplísimo material que se requisó el 13 de abril en los 18 registros que colocaron Granada en el mapa nacional de la corrupción y un informe pericial a Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Sevilla para determinar la trascendencia jurídica y legalidad de las operaciones urbanísticas bajo sospecha. Mientras tanto, la jueza sigue la instrucción; la UDEF, con la ayuda de peritos y expertos, sigue la investigación. Nuevo meses después de que se decretara el secreto de sumario, asistimos al parto del caso Nazarí sabiendo que será tremendamente largo y complejo.

Con el acceso a los documentos y a las grabaciones podemos empezar a contestar a los primeros porqués pero sólo asistimos a los compases iniciales en el despliegue de una trama cuyo desarrollo y final ni siquiera se ha escrito.

¿Está justificada la investigación judicial? El exhaustivo informe de la UDEF, los 15.000 folios del caso y el perjuicio económico que se podría haber causado a la ciudad así lo evidencian. ¿Había razones para ir directamente a por Torres Hurtado? La respuesta la visualizó su propio partido cuando lo dejó caer en cuestión de horas y la hemos encontrado a lo largo de estos meses en cualquier conversación off the record con fuentes cercanas a la investigación: "Está hasta arriba" -imagine esta respuesta una mano señalando su garganta-. ¿Fue excesiva la megaoperación policial? Aunque entramos en el terreno de lo opinable, el propio sumario incluye un escrito de la fiscal considerando, por ejemplo, que no estaba "suficientemente justificada" la detención del alcalde si bien se respaldo por completo la actuación. Otra cuestión son los focos mediáticos, los cartones tapando a Torres Hurtado en su salida del Ayuntamiento, las calles cortadas y el espectáculo en que derivó la operación.

Unas de las palabras que más escuchamos en los meses de abril y mayo cuando los implicados en la presunta "organización criminal" comparecieron ante la magistrada María Ángeles Jiménez fue "no sabemos de qué se nos acusa"; "no sabemos qué delitos se nos imputan"; "no sabemos que hemos hecho". La respuesta, parcial, se desliza en el sumario que la jueza levantó el pasado lunes y trasladó el viernes a las partes pero plantear conclusiones, en este momento, sería una irresponsabilidad. ¿Son culpables? No lo sabemos. Ni podemos inferir hasta qué punto se podrá acreditar o no -con pruebas- si ha habido un enriquecimiento personal gracias al tráfico de influencias entre políticos y empresarios y a costa del urbanismo de esta ciudad. El dilema sobre el plano administrativo o penal del caso, si sólo ha habido mamoneo, trapicheos e irregularidades en la gestión o algo más, parece refrendar el criterio judicial y justificar la intervención de las fuerzas de la seguridad. Sin embargo, como no tendremos una fotografía completa hasta que concluya la instrucción, se abra el juicio oral y la jueza dicte su sentencia, deberíamos seguir insistiendo en la importancia de preservar la presunción de inocencia. Por muy llamativa que sea la información del sumario, la prudencia, la moderación y el rigor han de seguir marcando la actuación policial, la investigación en los tribunales y hasta la opinión en la calle. 21 gigas: esto no ha hecho más que empezar.