LAS cuevas situadas en el Cerro de San Miguel son sólo la punta visible de un problema urbanístico irresuelto. La anterior corporación municipal de Granada trató de convertir la bellísima franja de la ermita de San Miguel en una zona semi urbana dedicada al ocio turístico. La inconcreción de la propuesta, la falta de diálogo con la Junta de Andalucía y, sobre todo, el temor fundado de que fuera el inicio de una operación para colonizar una de las pocas áreas de Granada que han resistido a la especulación inmobiliaria dio al traste con la propuesta. A partir de ahí, las tímidas incursiones emprendidas entonces por el ayuntamiento en la zona para cerrar las cuevas y expulsar a sus ocasionales moradores se quedaron en nada. Pero el problema, lejos de concluir, se ha agravado. Una cincuentena de cuevas propiedad de Emuvyssa, habitadas ilegalmente, corren un serio peligro de venirse abajo. El Ayuntamiento, como propietario a través de su empresa de suelo, tiene obligación de arbitrar una solución consensuada.