Desde la aprobación de la Constitución de 1978 se ha producido un desarrollo de los servicios públicos que ha cambiado la imagen de España, y especialmente de Andalucía. Se ha creado un sistema público de salud que garantiza ese derecho en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía, al margen de su capacidad económica. Se ha establecido un sistema de protección social que provee las necesidades básicas: asistencia social, pensiones o ingreso mínimo vital. Y se ha configurado un modelo educativo y universitario que ha funcionado como ascensor social, permitiendo a cientos de miles de andaluces acceder a la Universidad. Esto se ha logrado al configurarse, especialmente durante los años ochenta del pasado siglo, un modelo de Estado social en el que los poderes públicos intervienen en la sociedad para hacerla más igualitaria. A partir de ahí, existen muchas deficiencias que deben ser corregidas pero los pilares básicos habían quedado establecidos. No era la única opción posible. Hay otros modelos de sociedad que no se basan en la defensa de lo público sino que sacan al mercado las prestaciones sociales básicas para que cada cual las satisfaga según su capacidad económica.

Conviene recordarlo pues hay síntomas de que el modelo está cambiando. No es un cambio que se produzca en un año ni en dos pero es evidente el impulso de una corriente ideológica que pretende privatizar los servicios públicos. Lo hemos visto en otros lugares de España y es paradigmático lo ocurrido en Andalucía en sólo tres años de gobierno de la derecha. La atención sanitaria pública se deteriora mientras los seguros privados crecen más que en cualquier otro lugar. En educación, se reducen cada año las aulas en las escuelas públicas y se incrementan en las privadas sufragadas con fondos públicos. Y en la Universidad comprobamos que se limita la financiación de las universidades públicas mientras se facilita la creación de universidades privadas de dudosa solvencia como una forma de hacer negocio y facilitar la concesión de títulos universitarios a quien se los pueda pagar. ¿Alguien piensa que esa privatización paulatina de los servicios públicos es pura coincidencia? Evidentemente, no. Es la opción de la derecha, y, por supuesto, de la ultraderecha allí donde gobierna.

Las sociedades en las que los servicios públicos están privatizados tienen las mayores cotas de desigualdad, con lo que ello conlleva: peor calidad de vida para la mayoría de la población, más inseguridad ciudadana y una democracia más deficiente. Pero esto es algo que, en definitiva, se dilucida en las urnas. De la ciudadanía depende.