LA segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, ha publicado un artículo, titulado Madrid tenía razón, en el que hace un repaso a los resultados de las medidas que ese ayuntamiento puso en marcha para combatir la prostitución y se reafirma en las razones que le llevaron a hacerlo. Dichas razones son, básicamente, las siguientes: en primer lugar, la situación de marginalidad y desarraigo social a las que conduce, según ella, la práctica de la prostitución; en segundo lugar, la explotación laboral, muchas veces en régimen de esclavitud, a la que son sometidas las prostitutas; y en tercer lugar, el componente de violencia de género que comporta dicha actividad, en la medida en que su ejercicio atentaría contra la dignidad de la mujer.

El común denominador de todos estos argumentos es que se toma interesadamente la parte por el todo a fin de escamotear los verdaderos motivos que los alientan. La situación de marginalidad y desarraigo no se deriva de la actividad en sí, sino, precisamente, de los prejuicios que la moral judeo-cristiana, con la inestimable colaboración en el presente del fundamentalismo feminista, ha logrado introducir en el imaginario colectivo en relación con todo aquello que tenga que ver con el sexo. Cámbiese esa mentalidad y automáticamente desaparecerán los prejuicios sociales en torno a la prostitución, como demuestra el rol que esa profesión ha jugado históricamente en sociedades menos puritanas que la nuestra.

La explotación, por su parte, no es exclusiva de la prostitución; también existe, por ejemplo, en la contratación de temporeros ilegales en las faenas del campo, aunque no se haya escuchado a nadie hasta el momento proponiendo la prohibición de la agricultura como fórmula para erradicarla. La desprotección laboral de las prostitutas tiene, en efecto, más que ver con esa hipocresía social que, por razones estrictamente morales, se niega a regular las condiciones de trabajo de estas trabajadoras y a establecer los mecanismos necesarios para que esa legislación se cumpla que con algún factor intrínseco a la actividad, igual que la explotación de los obreros de la revolución industrial era una consecuencia de la desregulación del sistema laboral y no del tipo de trabajo que realizaran en las fábricas.

El argumento de la violencia de género es más burdo si cabe, porque de nuevo ignora interesadamente un aspecto del problema que pondría evidencia la dimensión demagógica que subyace al mismo: la existencia de un segmento, en absoluto irrelevante, de prostitución masculina. Más allá de todo esto, el hecho de que la teniente de alcalde, que se define como liberal, intervenga en un tema como el de la prostitución en el sentido en el que lo ha hecho, no vendría sino a poner de manifiesto hasta qué punto el peso de la moral católica seguiría pervirtiendo los presupuestos específicamente liberales de una parte bastante significativa de la derecha española.

Es cierto, no obstante, que la señora Botella debe tener razón en algún sentido, puesto que un Ayuntamiento tan progresista como el de Sevilla (tanto que no ha tenido el menor inconveniente en sufragar los actos conmemorativos de un evento simbólicamente tan importante para el progreso de la humanidad como el 50 aniversario de la Revolución Cubana) va a comenzar a aplicar las mismas medidas escudándose exactamente en las mismas razones. Hay que aclarar, sin embargo, que en este asunto el puritanismo dominante de la izquierda es mucho más coherente que el meramente recalcitrante de la derecha, no sólo porque la figura de la puta entronca a la perfección con ese lumpemproletariado que tan despreciable le ha resultado siempre a los herederos posmodernos del puritanismo marxista, sino, asimismo, porque supone una contradicción flagrante con ese ideal platónico de Mujer que el fundamentalismo feminista ha erigido como forma paradójica de desactivar cualquier conducta de las mujeres reales que no se adecue a la pretensión de ortodoxia que se deriva del mismo.

Desde este paradigma, el hecho de que una mujer adulta incurra en conductas pretendidamente degradantes (participando en un concurso de belleza, por ejemplo) no implicaría solamente que esa mujer se estaría poniendo en evidencia a sí misma, sino a toda la Condición Femenina en general, sea eso ello lo que quiera ser. Para evitarlo se hace preciso la creación de toda una red, estrictamente orwelliana, de estructuras institucionales (Institutos de la Mujer, Observatorios varios, etc) cuya única función es la de vigilar y castigar cualquier actividad, discurso o comportamiento que desborde de los límites ideológicos establecidos. La criminalización de la prostitución y la pretensión de redimir a estas hijas descarriadas, ya sea en sentido moral, como la derecha, ya en sentido ideológico, como la izquierda, no es sino una de las muchas expresiones de una concepción puritana y, por tanto, esencialmente hipócrita de la sociedad que parece estar regresando con inusitada fuerza.