EL Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó recientemente el proyecto de Ley de Memoria Democrática. El objetivo conocido de la Ley de Memoria Histórica era el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil. A pesar de las heridas y de los odios que ha reabierto, ha sido justa la intención de enterrar dignamente a los muertos de la represión franquista. Sin embargo, para estupor de quien haya leído el proyecto de ley y haya calibrado sus fines, el reconocimiento incluye desde la II República, la Guerra y la Dictadura hasta la "entrada en vigor del Estatuto de Autonomía". Es decir, nada menos que casi 51 años ¿Tanto duró la guerra y las posguerra?

Oculta tras una supuesta justicia el significado del proyecto está claro: para sus redactores, la Transición y los gobiernos de centro, como herederos del franquismo, siguieron produciendo víctimas democráticas. Ergo, como ese continuo (1936-1982) se concluye con el Estatuto de Autonomía, y a partir de él ya no hay víctimas democráticas, quienes se opusieron al Estatuto quedan señalados como actores de un único y mismo proceso del que se predica la necesidad moral de reparación. Subterfugio obvio para descalificar así aquel periodo y a sus protagonistas especialmente a la UCD.

Por eso se dice textualmente que las políticas públicas van a saldar la deuda "con los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía andaluza". De esta manera los millones de votantes centristas quedan descalificados nada menos que por una ley que les acusa de un pecado de antidemocracia. Como Heda Margolius escribió en sus memorias, un sistema político que no puede funcionar sin mártires es un sistema político malo y destructivo.

Sin embargo, a estas alturas de nuestro conocimiento histórico, seguir manteniendo que durante la República y la Guerra el mundo de las izquierdas luchaba por la democracia es simplemente mentir. Por ello, mientras me parece una manifestación de salud democrática que el proyecto "establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista", todavía una parte de la izquierda española, sigue sin querer ver que la misma prohibición debería abarcar a la simbología comunista, representante de uno de los regímenes más oprobiosos, si no el que más, de la historia de la humanidad.

Por esa ceguera, el proyecto del que trato se incardina en la tradición heredada de los regímenes comunistas, posiblemente más por ignorancia que por otra cosa -al menos eso quiero creer-. Me refiero al anuncio de "revisión de los textos escolares" para que ofrezcan información rigurosa de la República y la Guerra. Por supuesto, anuncia que la revisión estará basada en la investigación historiográfica y que contará con las universidades andaluzas. Es decir, la historia se habrá de reescribir siguiendo los criterios de un guión previamente establecido por el poder político, que al afirmar que a partir de ahora la información será rigurosa, está admitiendo que la actual no lo es. Para guiarnos, ilustrarnos y contarnos la verdad del pasado a la Junta de Andalucía sólo le falta culminar este proyecto con un Ministerio de la Verdad. No cabe duda: la herencia de la izquierda reaccionaria sigue viva.

La historia la hacen los hombres, la escriben los historiadores y la falsifican los sofistas. Un buen día pude ver en la televisión pública andaluza el anuncio de un programa sobre la biografía de Clara Campoamor a la que se presentaba como "la diputada socialista que luchó a favor del voto femenino en la Segunda República contra aquellos que pensaban que si la mujer disponía de voto seguiría las indicaciones de la Iglesia Católica" (sic). Lo que no se dijo, y en eso consiste la falsificación histórica, es que, primero, Clara Campoamor no era socialista sino una republicana burguesa y feminista. En segundo lugar aquellos diputados que se oponían al derecho de la mujer a votar no eran elementos facciosos de la derecha sino los diputados del Partido Socialista Obrero Español del año 1931. Ésa es la verdad y ocultarla o convertir a Campoamor en una heroína de izquierdas es un atentado a la memoria democrática.