COMO era de esperar, los recortes también llegan a las universidades. Después de la aprobación por el Consejo de Ministros de la subida de las tasas universitarias y de la modificación de la dedicación de los profesores, los rectores dejaron plantado al ministro de Educación y hasta ayer no se han reunido con él para intentar limar asperezas. Pero la situación parece clara, el Gobierno se ha preguntado cual va a ser la contribución de la Universidad a la reducción del gasto público y ha llegado a una doble conclusión: que paguen más los estudiantes y que cuesten menos los profesores. En un país como el nuestro, en el que el Sistema de Educación Superior es básicamente público, el gasto universitario que hacen las diferentes administraciones es un componente muy significativo del binomio educación/sanidad. No es esto así en todas partes. Hay muchos países que cargan a sus ciudadanos de forma directa el coste de la Educación Superior. Esto da lugar, por ejemplo, a que en un país como Estados Unidos el conjunto de la deuda que los particulares acumulan por los créditos concedidos para estudiar en la Universidad, es superior al PIB de México.

En nuestro caso, hemos elegido una solución para la financiación de las universidades más solidaria pero no exenta de problemas. Dicen las cifras oficiales que en torno al 85% del coste de un estudiante en una universidad pública se paga con impuestos y el resto con las tasas que paga cada estudiante. Es decir, el 85% entre todos y el 15% cada uno. El Gobierno trata de elevar este segundo porcentaje a fin de reducir la aportación procedente de los impuestos, no por razones de equidad, simplemente para reducir el coste público de la enseñanza universitaria.

En paralelo, recurriendo a los resultados de investigación de los profesores, se intenta asignar cargas docentes mayores a algunos profesores con el objetivo de reducir su número y por tanto el coste de sus retribuciones. En definitiva, los tiempos imponen una dieta a las universidades que sus gestores deben aplicar tratando de que tenga el menor impacto posible sobre la calidad del servicio público que prestan. Objetivo difícil de alcanzar, teniendo en cuenta que, en gran medida, la calidad académica pasa hoy por la sustitución de muchos -no todos- de los académicos en activo, por jóvenes mejor formados y más dispuestos a renovar la actividad académica de acuerdo a las nuevas exigencias sociales. El mero ejercicio de la minimización de los efectos de la reforma no es lo que más interesa a la universidad, aunque puede que sí a muchos universitarios.