LOS datos que el nuevo informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas ha mostrado indican que la red familiar que, hasta ahora, venía impidiendo la caída de los parados en la pobreza comienza a resquebrajarse debido a la cronificación del desempleo: personas que ya no reciben ninguna, o casi ninguna, ayuda ni prestación de las administraciones debido al tiempo que llevan sin trabajar no encuentran hueco en ese colchón de parientes tan propio de las culturas mediterráneas. Ya afecta a todos. La cifra de que, en 2011, Cáritas prestaba servicios a 1.015.276 personas en España (sólo 370.251 al inicio de la crisis, en 2007) se une, en Andalucía, al dato de que casi dos de cada 10 hogares de la comunidad no tienen a ninguno de sus integrantes trabajando. La crisis económica, cuya peor cara es el desempleo, ha provocado que la pobreza salte a la clase media, y que quienes hasta hace cinco años mantenían unos niveles de vida aceptables hoy vayan a los comedores de Cáritas o pidan ayudas para comprar zapatos, ropas e, incluso, medicamentos, lo que describe un panorama inédito en los últimos 30 años de este país. La cronificación del desempleo ha expulsado a estas personas de las redes de asistencia pública, y hoy deben recurrir a organizaciones que, como Cáritas, subsisten de fondos privados, de la Iglesia y de la propia Administración. La labor de Cáritas, como la de otras organizaciones humanitarias, también se está viendo perjudicada por los atrasos y la falta de liquidez de las administraciones, lo que terminará por cerrar un círculo vicioso. Ello lleva a pensar que, transcurridos casi cinco años desde el inicio de la crisis, es necesario compatibilizar los esfuerzos de control fiscal con los del estímulo a las empresas y a la creación de empleo, porque, hasta ahora, ambos objetivos parecen mostrarse como incompatibles. Puede que lo sean dentro de unos años, pero el coste será el empobrecimiento de la clase media y el aumento de la exclusión social de muchas familias españolas.