EL caso de los asesores de la Diputación de Almería que, grabados con cámara oculta, reconocían que cobraban de esta institución, pero en realidad trabajaban para su partido, el PSOE, ha sido archivado. La Fiscalía cree que los hechos no son constitutivos de una infracción penal.

No hay delito, pues. Al contrario, es el PSOE almeriense el que ahora anuncia querellas contra los dirigentes del PP que denunciaron dichas prácticas con una sarta de calificativos de grueso calibre: llamaron a los socialistas ladrones, gentuza, chupópteros, sicilianos y malversadores, entre otras lindezas. Por la boca muere el pez.

Dicho lo cual, convengamos en que lo que se denunció merece un reproche social, político y ético. Se pueden dar vueltas y más vueltas a la forma en que se obtuvieron las declaraciones de algunos de los asesores contratados por la Diputación y a las hemorragias dialécticas del Partido Popular, pero nada de eso cambiará la realidad de las cosas: el PSOE se valió de su control sobre la corporación provincial para pagar los salarios de tres de sus militantes que, sin embargo, no trabajaban en la Diputación, sino en labores orgánicas del partido.

Esto no es sospecha de malpensado ni insinuación de adversario, sino evidencia expuesta y comentada por los propios beneficiarios. Uno de ellos reconocía expresamente que en la Diputación no hacían prácticamente nada y que su contratación era sólo una tapadera para estar "liberado" por el partido sin costarle nada. Otro se refería jocosamente a su puesto en el área de Desarrollo Sostenible ("¿Qué sostenemos, esta silla?"). Los dos cobraban más de 3.500 euros netos al mes.

Si la Fiscalía lo dice, no habrá malversación de fondos, por supuesto. Pero fraude político ya lo creo que lo hay: como en las demás diputaciones y en otras instituciones con representación de los partidos, donde los grupos de apoyo, asesores y técnicos son con frecuencia liberados de cada formación política que se sufragan con el dinero de los contribuyentes. Una forma de financiación de los partidos a la que vamos a terminar acostumbrándonos. Por la insistencia con que la perpetran y por la impunidad que la rodea.

La mejor prueba de que la dirección del PSOE sabe que, pese a lo que diga y a lo que se querelle, la malversación material se produjo en este caso es que a tres de los asesores el grupo socialista de la Diputación les rescindió el contrato y al director de Desarrollo Sostenible le dio de baja en el partido. A los primeros, por irse de la lengua, y a este último, como chivo expiatorio. Porque alguien tenía que pagar por ese escándalo que no era delito.