EL representante de Greenpeace en España entró en una sede de la Corona danesa, al parecer falsificando una matrícula, una personalidad, y allanando una morada. De resultas de ello es detenido y puede ser imputado por delitos que podrían llevar pena de cárcel. La Policía danesa ha actuado con dureza, y, aunque parece que de acuerdo al Ordenamiento jurídico de Dinamarca, puede que haya vulnerando el derecho a la defensa, tal como se recoge en la Carta de Derechos Fundamentales, incorporada al Tratado de Lisboa. O no, ya que introducirse de forma ilegal en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, aun bajo la bandera de una organización pacifista, podría tomarse por el encubrimiento de una acción terrorista, lo que la policía concernida habrá tenido que investigar, por si es el caso.

Greenpeace, y bastantes medios de comunicación, han criticado la dureza del trato recibido, no por una supuesta ilegalidad ordinaria del mismo, sino en base a la levedad de las actuaciones que dieron lugar a las detenciones y, sobre todo, al carácter pacifista de la organización Greenpeace.

Ampararse en la falta de gravedad de las actuaciones de Greenpeace me parece aún más antidemocrático que la actuación policial. Porque, como no se niega ni por los actuantes, son hechos presuntamente sancionados por el Código Penal de un Estado democrático. Las conductas incluidas en un Código de tal naturaleza son la expresión de la voluntad popular acerca de lo no tolerable, del bien jurídico a proteger de la manera más rigurosa.

Por otro lado, no se entiende bien que este tipo de hechos se puedan calificar de protesta pacífica. No puede ser considerada pacífica, en términos jurídicos, una actuación que vulnera el derecho de otros, de la colectividad en su conjunto cuando se desprecia la legislación penal vigente.

Me parece muy bien exigir a Dinamarca que adecúe sus normas sobre detención y defensa de detenidos a los estándares de los derechos humanos de la Unión Europea, que, por cierto, admiten excepciones para posibles actuaciones terroristas, por ejemplo.

Pero ¿cómo lograremos que los estados se comporten de acuerdo con la legalidad si los ciudadanos europeos despreciamos el Derecho, realizando acciones de protestas vulnerando la ley? La protesta pacífica se hace ejercitando los derechos: manifestación, reunión, expresión, huelga y tantos otros que afortunadamente disfrutamos.

Por muy loable que sean los fines perseguidos por Greenpeace, eso no les exime del respeto al Derecho. No caigamos en un Derecho Penal de autor: ni para castigar ni para declarar no sometido a las leyes según quién sea el sujeto.