Editorial

Un respiro para los ayuntamientos

LOS gobiernos nacional y andaluz han dado signos en los últimos tiempos de ser conscientes de la gravísima situación financiera que atraviesan los ayuntamientos. La crisis económica general, la merma de los ingresos locales sujetos a la coyuntura de la construcción y su propio crecimiento en competencias y estructura, no siempre justificado, han colocado a numerosas corporaciones municipales al borde de la quiebra, con deudas inasumibles que en ocasiones conducen a que no puedan afrontar los pagos a los proveedores de servicios imprescindibles o las retribuciones de sus funcionarios y personal contratado. La auténtica asignatura pendiente de la democracia, que a nivel institucional es la financiación de los municipios, seguirá sin aprobarse mientras persista la crisis actual y la política de reducción del déficit público. No obstante, tampoco pueden permanecer de brazos cruzados los gobernantes ante esta situación que adquiere tintes dramáticos. A la necesidad de respuesta parece obedecer el criterio de la Junta de Andalucía de considerar la financiación de los ayuntamientos como su segunda prioridad presupuestaria, que se ha concretado en la decisión de la Consejería de Hacienda de dar luz verde a un fondo incondicionado de 420 millones de euros para 2011, a incrementar en 60 más cada año hasta 2013, que recogerá la nueva ley de participación de los municipios en los tributos de la comunidad autónoma. El Ministerio de Economía, por su parte, ha anunciado que la participación municipal en los ingresos del Estado aumentará un 9% con respecto al actual ejercicio. El hecho de que este incremento venga a compensar la caída de recursos locales a causa de la retirada del Plan E y de que los ayuntamientos habrán de saldar su deuda de 1.500 millones por los anticipos a cuenta de los ingresos de 2008, calculados con excesivo optimismo, vienen a matizar que las medidas adoptadas sólo constituyen un respiro a la asfixia municipal. Mientras no se apruebe un sistema estable y sólido de delimitación de competencias e ingresos de los ayuntamientos el problema seguirá en pie, e incluso irá a peor.

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