Se coge antes a un mentiroso que (digámoslo con corrección política) a alguien con movilidad reducida. Por mucho que el Gobierno disfrace su proyecto de censura bajo los ropajes de la lucha contra las fake news que a través de las redes difunden bulos negacionistas o antivacunas y contra las intervenciones extranjeras en política interior, pretendiendo abrigarlo bajo el manto de las disposiciones europeas de 2018 para controlar dichos males, está clara la intención de controlar a los medios de comunicación desde la Moncloa, con Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver al frente.

Las patitas cortas de la mentira han tenido la voz de la ministra Arantxa González Laya que ha dicho con su firme y a la vez suave tono de catequista de los años 50: "Se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a la población y que pueden causar un gran quebranto a la democracia". Esta transcripción literal y entrecomillada de sus palabras, sin añadirles o quitarles nada, sin manipularlas sacándolas de un contexto para meterlas en otro, son diáfanamente claras. Esto es censura.

El Gobierno de España se propone detectar, primero, lo que considere mentiras que falseen el debate público; e impedir, después, que radios y televisiones, además de las plataformas digitales, las difundan manipulando a la población. No bastan por lo visto los tribunales, ni los códigos deontológicos de los medios, ni la ética de los profesionales, ni la libertad e inteligencia de los oyentes, televidentes o lectores para discriminar los medios a los que preste credibilidad. Es necesaria la intervención del Gobierno para impedir que la población sea manipulada. Para manipular se basta él.

El CIS de Tezanos preguntó aquello de: "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación sociales, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?". El 66,7% de los encuestados -conscientes o no de que se igualaba redes y medios de comunicación- contestó que sí. Sintiéndose respaldados, ahora actúan. ¿Vuelve el fantasma de la antigua DGS reconvertida en Dirección General Socialpodemita?