DESDE hace años las organizaciones empresariales y sindicales vienen sufriendo un intenso proceso de deterioro de su imagen que las ha hecho engrosar el amplio capítulo de instituciones mal valoradas por los ciudadanos en todas las encuestas. Es un fenómeno probablemente injusto porque unas y otras forman parte destacada de la arquitectura constitucional y son cauce legítimo para la defensa de los intereses de la mayoría de la población e instrumento para la imprescindible paz social. Hay que decir, no obstante, que ellas mismas se encargan de atizar su falta de credibilidad cuando protagonizan sonados escándalos de corrupción, defienden posiciones de poder y privilegio y, en definitiva, se alejan de los ciudadanos a los que deben representar. Hace días tanto los representantes de la CEOE como los de CCOO y UGT se han distinguido en comparecencia parlamentaria al solicitar quedar excluidos de la aplicación de la futura ley de transparencia, a cuyos principios han de someterse todos los agentes de la vida pública en aras de la consolidación y avance del sistema democrático. La idea de que patronales y sindicatos sólo se deben a sus afiliados y no tienen que informar ni dar cuenta de su gestión al gran público es profundamente errónea y reveladora de una concepción oscurantista de la representación en democracia. Aunque la financiación de centrales sindicales y patronales fuese sólo en un ínfimo porcentaje procedente del erario público, que no lo es, bastaría ya para que se sometieran a los controles previstos y a las normas de transparencia que afectarán a todo tipo de instituciones subvencionadas, como las propias organizaciones humanitarias. El afán de privilegio ha de ser rechazado por los representantes de la voluntad popular. No acaban aquí los motivos del desprestigio de las centrales sindicales. Falta también una explicación convincente sobre las comisiones cobradas por sindicalistas o empresas parasindicales dentro de la trama corrupta de los ERE de Andalucía, que los líderes sindicales siguen negando, y sobra el rechazo radical de UGT y CCOO al informe de los expertos advirtiendo de la necesidad de adoptar medidas para que el sistema de pensiones públicas pueda sobrevivir a los cambios económicos y demográficos que atraviesa nuestro país. Negarse a debatir el informe o cualquier alternativa al colapso del actual sistema es pura demagogia, que descalifica a quienes la sostienen. Es normal que los sindicatos defiendan que el ajuste de las pensiones no castigue a los más débiles y no deje a nadie en condiciones de extrema pobreza. No es normal pretender que nada cambie... y esperar a que el sistema se hunda.