Aunque sólo sea por vergüenza torera

Lo del alcalde de Cúllar Vega es muy grave y el presidente de la Diputación no puede justificarlo en modo alguno

Que una personalidad pública, presidente, además, de un gobierno municipal en su calidad de alcalde, dé positivo en un control policial de alcoholemia, cuando conducía un automóvil, superando, según parece, el doble de la cantidad máxima permitida de alcohol ingerido, no es sino una actitud vergonzosa por cuanto supone, además de un evidente desprecio a la ley; que juró o prometió cumplir y hacer cumplir cuando tomó posesión de la alcaldía; un desprecio, también, a sus conciudadanos, cuya integridad física y patrimonial ha puesto con su incívica, irrespetuosa e ilegal actitud en evidente situación peligro.

Eso es, poco más o menos, parte de lo que podría pensar cualquier ciudadano al leer la noticia dada días atrás en las páginas de este mismo diario, cuando se informaba de que el actual alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez -militante del PSOE como podía haberlo sido de cualquier otro partido o de ninguno- había resultado cazado por una unidad policial que comprobó que conducía un automóvil habiendo ingerido más del doble de la tasa máxima permitida de esa substancia.

El máximo responsable del PSOE en la provincia y presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, ha calificado el hecho como fallo garrafal, ¡ahí es nada! Pero sin más consecuencias y minimizando sin más comentarios la evidente gravedad del irresponsable hecho, por lo que, según el dirigente socialista, su partido no le va a pedir la dimisión. Al fin y al cabo -se deduce que debe de pensar el provincial dirigente seguidor de aquel Pablo Iglesias- por una copita de más, no vamos a permitir que corra la lista.

Además, apostilla el presidente Entrena, con sus propias palabras, que la infracción se ha producido en su ámbito privado. Él sabrá cual es ese ámbito privado al que se refiere en el que, según deja entrever, no surge efecto ni debe de ser obligatorio el cumplimiento de la ley. Disparates para justificar lo injustificable.

Un automóvil conducido por alguien que no cumpla la ley, puede ser un arma letal, pues el alcohol está en la explicación del 43% de los accidentes mortales que se producen.

El asunto es muy grave. Y el presidente de la Diputación Provincial no puede, sin implicarse moral y públicamente, justificar en modo alguno la posible comisión de un presunto delito por parte de un representante público e institucional, en un estado de derecho como es el nuestro. Si no por el deseo de que se cumpla la ley, simplemente por vergüenza torera, aunque sólo sea por eso. ¿O no?

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