Ayer el Congreso de los Diputados dijo no a la propuesta del Gobierno para aumentar un 4,4% el techo de gasto público tras negociar con Bruselas una relajación en los objetivos de déficit. Entre las muchas reflexiones y comentarios que se pueden hacer en relación a este asunto me interesa resaltar algunos aspectos.

El primero se refiere a que la propia negociación del Gobierno de Pedro Sánchez con las autoridades de Bruselas que ha permitido una relajación de los objetivos de déficit público demuestra que la manera de gestionar la política económica del Gobierno de Rajoy era equivocada. Además, no era la única forma posible de hacer política.

En un periodo de recuperación económica como el actual, hacer una política con varias décimas más de déficit en relación al año pasado era posible y además, deseable.

La segunda reflexión se refiere a las consecuencias para el bienestar de la ciudadanía de un mayor techo de gasto: más recursos para la educación, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones, etc. Por lo tanto, más recursos para los servicios públicos en un contexto de austeridad aceptado por la UE. Por eso es menos comprensible la postura de todos aquellos grupos parlamentarios que con su abstención y/o su voto negativo han evitado estas mejoras en el bienestar social, ya que han priorizado sus objetivos partidistas a los intereses del conjunto de la sociedad.

La tercera reflexión se refiere al hecho de que estoy convencido que todos estos acontecimientos que se están viviendo en la actualidad política española están siendo observados con detenimiento por la sociedad. Hasta tal punto que estoy seguro que es en estas semanas en las que se está decidiendo y juzgando a cada fuerza política cara a las elecciones generales se celebren cuando se celebren.

Y es que la crisis económica, política y social a la que asistimos desde hace una década está poniendo en cuestión muchas certezas de antaño. Y está dando lugar a una ciudadanía más exigente y más reivindicativa en beneficio de una democracia de calidad. Ello implica rigor en los planteamientos y ética en las propuestas hacia el conjunto de la población: o sea, la reivindicación de la política con mayúsculas. Esto es lo que está en juego.