El anuncio del Ministerio de Educación y de las Consejerías Autonómicas de Educación, de todo color y signo político, de contratar a profesionales sin que posean la cualificación exigida por ley para poder ser docentes de educación secundaria y bachillerato es un nuevo ejemplo de la nula importancia que se le da en este país a la educación y a la formación de sus docentes.

Decir que no hay profesores para cubrir las bajas que se producen por la pandemia y escudarse en lo excepcional de la situación es una cobarde bellaquería y en la mayor parte de los casos una falsedad. Podríamos afirmar que el subconsciente de las autoridades educativas se descubre y queda al desnudo. Aquí sigue imperando la idea de que para ser docente de secundaria y bachillerato solo hay que saber mucha historia, mucha química, o muchas matemáticas; vamos que con el grado o la licenciatura correspondiente vamos sobrados. Todo lo demás: las competencias psicológicas, pedagógicas, sociales, didácticas, tecnológicas, de empatía con familias etc., solo se conoce y aprende con los años de práctica, o sea dando clase de lo que toque. Probablemente a usted no se le ocurriría preguntar a un cirujano cuantas operaciones lleva realizadas antes de dejar operar a su hijo, pero ¿no nos importa la formación y competencia profesional del que le enseña la Historia de España, la Biología o el Inglés?

Bien saben los profesores que cursaron aquel engendro llamado Curso de Aptitud Pedagógica que de poco servía, eran apenas unas semanas de formación, pero era lo que la ley de 1970 preveía para profesores que daban clase a la minoría que seguía el BUP y el COU. Y aquello se mantuvo hasta 2010. Mil esfuerzos costaron dignificar la formación inicial del profesorado con el actual Master de Formación del Profesorado; pero parece que sigue doliendo su impartición, y ahora queremos eliminarlo como única solución de urgencia. Gestionar mejor los más de 200.000 titulados del Máster desde 2010, la mayoría sin plazas docentes por no haber convocado oposiciones; o gestionar con rapidez las listas de sustituciones que hay en las autonomías o permitir la movilidad entre ellas sin impedimentos de idioma, todo ello, son soluciones que no parecen contemplarse.

¿Queremos situar a profesionales sin formación didáctica ante un aula de 30 adolescentes en situación de pandemia? ¿Y queremos que los docentes con experiencia, además de todo el trabajo que ya soportan, tengan que supervisar su trabajo? La educación parece estar únicamente para poner la otra mejilla. Vale.