EL consejero de Justicia de la Junta ha vuelto a reclamar al Gobierno central la creación de más plazas de jueces y fiscales. Emilio de Llera tiene calculado que la región necesita 900 magistrados y 180 fiscales más, lo que supondrían 1.080 plazas de nueva creación, para que la comunidad autónoma salga del atasco judicial que padece y que lastra el funcionamiento de la sociedad andaluza. No le falta razón al consejero al denunciar una situación de atasco de la que cualquier ciudadano de a pie puede dar testimonio, pues la inmensa mayoría ha sido víctima o conoce de cerca a quien ha padecido el retraso endémico de la Administración de Justicia. Andalucía cuenta en la actualidad con una ratio de 10,5 profesionales por cada cien mil habitantes, un registro inferior al de la media nacional, fijado en 11,1 y al de la europea, que es de 21,3. Ocurre que los ciudadanos deben tener claro que corresponde a la Junta proveer de medios a los jueces y fiscales. Esto es, por mucho que el Estado convoque más plazas (como es su competencia y obligación), de nada sirve si la Junta no hace sus deberes y contrata el correspondiente personal laboral y surte del debido material técnico. Quiere esto decir que la Administración autonómica tiene ya en su mano hacer mucho por desatascar la Justicia en Andalucía sin esperar a que el Estado apueste por la creación de más plazas de jueces y fiscales. Baste un ejemplo: el juzgado que instruye la macrocausa de los ERE lleva años saturado sin que la Junta atienda los requerimientos de refuerzo que ha recibido en varias ocasiones. Este mismo juzgado pasó una odisea para que se le proporcionara un simple fax con escáner, lo que es competencia de la Junta. Una vez más nos encontramos con carencias graves en las que las dos administraciones tienen culpa directa y deberían trabajar conjuntamente para que la Justicia tenga todos los medios para trabajar con mayor celeridad. Las reivindicaciones por mera confrontación política no benefician en nada vengan de donde vengan.