GOBIERNO, patronal y sindicatos suscribieron en julio de 2008 una rimbombante "Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social" (y los grandes expresos europeos). De ahí tenía que salir, entre otras cosas, una reforma del mercado laboral, a la que Zapatero puso una condición, muchas veces reiterada: tendría que hacerse mediante un pacto. Si no había pacto, el Ejecutivo nunca la aprobaría.

Casi dos años -y numerosas negociaciones- después, el Gobierno se dispone a imponer la reforma laboral. Será una reforma "sustancial", según aseguró ayer en Roma el mismo iluso que también había jurado a sus electores que el poder no le iba a cambiar. Lo hará inmediatamente antes de la reunión del Consejo Europeo que ha de revisar si España ha hecho sus deberes de control del déficit público y cambios financieros y laborales. Se trata de redondear el aprobado que nuestros socios-vigilantes ya han anunciado tras el tijeretazo a funcionarios, pensionistas y otros colectivos.

Al calificar la reforma de sustancial, Zapatero está dando a entender que no se trata de una operación cosmética, sino de cirugía en profundidad. Por lo que se conoce, el Gobierno pretende la extensión del contrato de fomento de empleo (33 días de indemnización por despido en vez de 45), mayores facilidades para los despidos por causas económicas, con menos margen de maniobra para los jueces (actualmente el 80% de los despidos se declaran improcedentes) y la agilización de las cláusulas de descuelgue de los convenios por parte de las empresas en crisis. En otras palabras: despidos más fáciles y más baratos para la patronal.

Es precisamente lo que se ha estado negando a aceptar el sindicalismo organizado, cuya amenaza de huelga general le va a conducir, de forma irreversible, a convocarla dentro de unas semanas, por más que el fracaso de la movilización de los funcionarios y la consciencia de que no habrá marcha atrás del Gobierno le inciten a pensárselo bien antes de dar el paso. Sería la ruptura definitiva con el gobernante que más les mimó y más empeño mostró en tenerlos como máximos aliados.

Pero si en el frente sindical el Gobierno no va a encontrar más que dificultades y rechazo, el frente político se le presenta más bonancible. El decretazo de finales de mayo se lo revalidó el Congreso por un solo voto de diferencia, y gracias a la abstención del nacionalismo catalán moderado (CiU). En esta ocasión CiU seguramente lo respaldará, porque su contenido coincide en esencia con los planteamientos de flexibilidad y liberalización que defiende Duran i Lleida. De modo que el susto no lo pasará ZP en la votación del Congreso sobre la reforma, sino de la mano de Méndez y Toxo, que tienen mucho que perder.

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