Alternativas al litigio

Andalucía tiene una de las tasas de litigiosidad más altas de España y su alivio pasa por fomentar los servicios previos de mediación y diálogo

La tasa de litigiosidad en Andalucía es un 8% superior a la media estatal. Con 144 asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes, esta comunidad tiene la segunda cifra más elevada de España. Se trata de un gran problema para el maltrecho y anticuado sistema que articula uno de los tres poderes del Estado. Durante la presentación de la memoria de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, su presidente, Lorenzo del Río, lamentó con triste ironía que esta tierra tenga el "privilegio" de alcanzar esas cifras, muy superiores a las de la media nacional. El representante del Poder Judicial en la comunidad insiste en la necesidad de aplicar cambios para reducir la judicialización de la vida diaria y aliviar la carga con servicios previos de mediación o diálogo. Es decir, aplicar de forma más eficaz y sistemática los mecanismos que permitan a los ciudadanos evitar el proceso judicial, con todos los trámites, instancias y recursos que lleva aparejados. Del Río traslada ese mensaje para concienciar a la población de que es necesario explorar otros caminos antes de llegar al desesperante pleito judicial, cuya tardanza deja en muy mal lugar a la justicia, pero también es fruto de la falta de hábito o de herramientas habilitadas para encontrar otras vías alternativas de solución. Año tras año, el magistrado reclama a los otros poderes -legislativo y ejecutivo- las leyes, regulaciones y medios necesarios para salir de ese atasco judicial que se ha convertido en una espiral sin salida. Durante 2021 se recuperó el volumen de litigiosidad previo a la pandemia y aunque el esfuerzo de todos los que trabajan en los atrasados y deficientes juzgados andaluces ha permitido resolver el mismo volumen de casos que entran, el atasco acumulado es una losa demasiado pesada. Ya se han sobrepasado 1,2 millones de asuntos, con un incremento general en todas las jurisdicciones. Las medidas y soluciones propuestas están en cada memoria anual del TSJA, ahora falta que tomen nota los gobiernos y el legislador.

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