Durante la semana que ahora termina se han producido dos noticias relacionadas con las consecuencias que el Brexit tendrá en las relaciones de España con Gibraltar. La primera es la reunión el pasado jueves entre miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Foreign Office para empezar a analizar esta difícil cuestión. La segunda es la difusión de una encuesta del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en la que 41 territorios europeos (entre ellos Andalucía) ponen el acento en los asuntos que más les afectarán tras la consumación del Brexit.

Ya hemos apuntado en alguna ocasión lo mucho que se juega Andalucía en estas negociaciones. Según los datos de la encuesta del CdR, que han sido aportados por la Junta, casi el 60% de los 10.000 trabajadores que diariamente atraviesan la Verja para trabajar sufrirán algún tipo de perjuicio. Esta cifra deberán tenerla muy presente los negociadores españoles a la hora de alcanzar un acuerdo con el Reino Unido, el cual debe minimizar en lo posible el impacto sobre las economías familiares de una zona ya de por sí bastante castigada por el paro y la precariedad. Salvar el empleo debe ser una de las prioridades de unas negociaciones que han comenzado en un tono afable, pero que todavía no han abordado los problemas más espinosos. Si esto no fuese posible, tanto España como la Unión Europea deberán estudiar fórmulas para paliar en lo posible los perjuicios que se puedan causar.

Conocido es que la Unión Europea ha dejado claro que no tomará ninguna decisión sobre las relaciones con Gibraltar sin la aprobación del Gobierno de España. Esto ha sido un logro para nuestra diplomacia, pero también supone una importante responsabilidad. Hay que aunar la histórica y justa reivindicación de la soberanía sobre el Peñón con la realidad económica y social del Campo de Gibraltar.