La aclaración del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de que la inmunidad de los eurodiputados es inherente a su condición de electo y, por tanto, existe desde el instante de su proclamación como elegido, se ha producido a instancias del Tribunal Supremo español, para corroborar o revocar -como ha ocurrido- el criterio de que los electos no tienen los beneficios hasta que cumplen con el requisito de recoger el acta. El TJUE ha optado por proteger ante todo la voluntad de los electores, pese a que no hay una normativa electoral comunitaria y en cada Estado se adquiere la condición de eurodiputado con trámites distintos. En cualquier caso, la decisión no ha sido adoptada a instancia de parte, por más que el independentismo catalán haya presentado la resolución como un logro propio y como una victoria, que, de serlo, es pírrica: afecta únicamente al periodo de prisión provisional de Oriol Junqueras desde que fue proclamado eurodiputado por el Boletín Oficial del Estado -el 14 de junio- hasta que fue condenado por el Tribunal Supremo -el 14 de octubre-. Dicho de otro modo, no afecta en nada ni al proceso ni al juicio -visto para sentencia el 12 de junio- ni a la validez de su condena. La cuestión prejudicial se ha resuelto con Junqueras ya convertido en reo por una pena firme a 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación. El único beneficio que podría sacar, y es discutible, sería un incidente de ejecución que le descontase esos cuatro meses de prisión provisional del cumplimiento de la pena. El independentismo, en línea con la manipulación constante que hace de los hechos hasta crear una realidad tan falsa como paralela, presenta esta decisión como una práctica anulación de la condena. En términos políticos, el fallo aclaratorio del TJUE no sólo ha complicado la investidura, sino que ha provocado que ERC plantee un inadmisible chantaje al Estado: no se volverá a reunir para negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez hasta que la Abogacía del Estado no se pronuncie. Esta intolerable postura, que lleva implícita que sólo aceptarán que se conceda su ilusoria petición de anulación de la condena y excarcelación de los presos, debería ser el indicativo definitivo de que lo que intenta el presidente en funciones es imposible y de que los independentistas, que quieren romper la indivisible unidad territorial de España, no son socios fiables para sostener un Gobierno. Aceptar este chantaje inadmisible o cualquier otro dañaría no sólo al Estado, sino al propio PSOE, partido sistémico. Es hora de asumir que la única alternativa viable, tras el 10-N, es pactar con otros partidos constitucionalistas un Gobierno moderado y estable para España.