El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto reubicar algunas sedes e instituciones de la administración central fuera de Madrid, que como capital de España es la ciudad donde reside el Ejecutivo de la nación. Hay en ello un nítido componente de lucha partidista, ya que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en un claro referente de la oposición al Gobierno. Hay que subrayar, antes de cualquier reflexión, que España es uno de los países más descentralizados del continente, que buena parte de lo que era hace medio siglo la administración estatal está hoy repartida por todas las comunidades en forma de consejerías autonómicas y que hay ministerios que tienen sede en Madrid, pero prácticamente son carcarsas de escasas competencias. No obstante, y como paradoja de todo esto, en Madrid se ha ido recentralizando la producción económica de España, sin que ninguna otra ciudad rivalice con ella. En esto ha tenido mucho que ver la ruina que para Barcelona ha supuesto la deriva independentista. No han sido decisiones gubernamentales las que centrifugan el poder en Madrid ni es una falta de servicios y de infraestructuras las que despueblan España, sino una dinámica propia de la globalización que se está dando en casi todos los países desarrollados. Esta puntualización no significa resignación, pero es necesario advertir sobre los esfuerzos inútiles. Algunas reubicaciones de sedes desde Madrid sí son interesantes, siempre que estén motivadas y tengan sentido. Hace años se propuso que el Senado se instalase en Barcelona, por el simbolismo que tendría que una de las cámaras legislativas estatales estuviese en Cataluña. Puede ser, pero entendemos que, de salir algunas sedes, éstas vayan a ayudar a pequeñas o medianas poblaciones donde una institución sí ayudaría, de modo palpable, a mantener y atraer población. No es mala idea que el centro de cálculo de la Seguridad Social se sitúe en Soria. Si Alemania sirvió como modelo descentralizado de España cuando se redactó la Constitución, basta apuntar que la sede de su Tribunal Constitucional está en Karlsruhe, que tiene 300.000 habitantes, y su Banco Central, en Fráncfort.