Un Gobierno opaco que esconde al Rey

Al Rey no le impide ir a Barcelona un problema de seguridad: sería aún más grave que el Gobierno no pudiese garantizar la integridad del Jefe del Estado

Es posible que hubiera poderosas razones para que el Rey no hubiese estado ayer en Barcelona en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces, pero las desconocemos. Y eso no es lo menos malo, porque lo que ha hecho el Gobierno es apartar a Felipe VI de Cataluña en unos momentos en los que trata de negociar con ERC los Presupuestos Generales del Estado y la salida del presidente de la Generalitat, Quim Torra, si éste es, finalmente, inhabilitado por el Tribunal Supremo. Hay, por tanto, falta de transparencia por parte del Gobierno en un asunto que afecta a la Corona y hay, además, una concesión cobarde, porque ningún ministro ni el presidente han querido explicar por qué no han autorizado esta presencia real. El líder del PSC, Miquel Iceta, que suele ser muy expresivo, ha dado la pista al comentar que hay otras "presencias" más "inteligentes" del Rey en esta comunidad. Al principio, el Gobierno intentó deslizar que Felipe VI no iba a Barcelona por un problema de seguridad, pero el acto de entrega de los despachos en la Escuela Judicial se celebra en un lugar apartado, en un monte, donde es bastante sencillo guardar el perímetro. No es cierta, por tanto, esa razón, pero si lo fuese, aún sería más grave que un Gobierno no pudiese garantizar la seguridad del Jefe del Estado en la segunda ciudad del país. Las explicaciones que ha dado la vicepresidenta Carmen Calvo en Sevilla son insustanciales: todos sabemos que la monarquía española es constitucional y parlamentaria, y que los actos del Rey deben estar autorizados por el Gobierno. Nadie cuestiona ese asunto, pero lo que no puede hacer el Gobierno es hacernos pasar como un automatismo decisiones que son muy graves. La tramitación de indultos a los presos independentistas no es una simple tramitación, en España se concede una de cada 1.000 peticiones. Este Gobierno está amparado por el derecho político y por sus apoyos en el Congreso a establecer las relaciones que estime necesarias con los grupos independentistas para hallar soluciones constitucionales a Cataluña, pero en lo que no debe creer es en la candidez de la opinión pública española.

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