Guerra fiscal

La ministra de Hacienda ha decidido entrar en confrontación directa tras la decisión de la Junta de bajar el IRPF y suprimir el Impuesto de Patrimonio

En una situación de alta incertidumbre económica, con la amenaza de recesión latente, los tipos de interés al alza y la inflación en niveles que no se veían desde hace más de tres décadas, lo último que debería hacer el Gobierno es abrir una guerra fiscal con las autonomías. Y es precisamente lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda tras el anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que Andalucía baja el Impuesto de la Renta y suprime el de Patrimonio como mecanismos clave de estímulo económico. La ministra María Jesús Montero ha decidido entrar en confrontación directa. No otra cosa es el anuncio de un tributo que gravará a las "grandes fortunas" en las regiones que hayan quitado el del Patrimonio y de que hay un "paquete de medidas fiscales" en estudio para las rentas más altas. Son los problemas de que la ministra responsable de la política impositiva y del control de los Presupuestos Generales sea al mismo tiempo, como vicesecretaria general del PSOE, la encargada de la propaganda de su partido. Montero, que ha demostrado a lo largo de una dilatada trayectoria política capacidad de gestión y moderación, comete en esta ocasión el error de echarse en brazos de los postulados de Podemos, tomando decisiones que forman parte de las banderas de la extrema izquierda y que hasta hace sólo una semana los socialistas descalificaban. Ello ocurre porque se está pensando en términos de estrategia de partido y mirando a las elecciones municipales y autonómicas para las que quedan ya pocos meses. Moreno tomó la iniciativa utilizando los resortes que le da la autonomía fiscal que le reconocen las leyes. Algo parecido hizo ayer el presidente socialista de Valencia. El marco fiscal andaluz podrá ser criticado tanto desde el punto de vista de la cohesión como desde el político. Pero lo que no se puede hacer es iniciar una guerra de contramedidas que, en definitiva, convierte a los ciudadanos y sus impuestos en instrumentos de confrontación partidista.

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