El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Junta de Andalucía que, debido al incumplimiento del objetivo de déficit, de deuda y de regla de gasto en 2018, sus cuentas tendrán que seguir sometidas al control de la Administración central, lo que, en términos prácticos, supondrá que no podrá acudir a los mercados libremente para financiarse. Esta comunicación, aunque está dentro de las normas establecidas por la Ley de Estabilidad, no deja de ser llamativa por dos motivos. El primero es que dicho incumplimiento se produjo cuando la consejera de Hacienda era, precisamente, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El segundo es el rigor de la aplicación: la desviación del déficit apenas es de una décima, unos 150 millones de euros en unos presupuestos de 36.000 millones, lo que a todas luces es una cifra bastante pequeña. No está muy claro si este rigorismo en la aplicación de la norma hubiese sido el mismo si el Gobierno de la Junta hubiese sido del mismo color político que el central. Por desgracia, estamos acostumbrados a que la colaboración entre administraciones varíe en intensidad y calidad según coincidan o no las siglas políticas que las gobiernan.

La medida del Ministerio de Hacienda supondrá dificultades a la financiación de la Junta, que serán más o menos intensas según el desarrollo de los próximos meses. Por lo pronto, la Hacienda andaluza no podrá acudir libremente a los mercados para su financiación, como ya había hecho dos veces, tanto el PSOE, en 2018, como con PP-Cs, en 2019. A cambio lo tendrá que hacer a través del Fondo de Liquidez Autonómica, cuyos tipos se interés son a veces superiores a los del mercado, aunque no siempre. Esto, siendo una dificultad añadida, tampoco es un problema excesivo. Desde luego no pondrá en peligro (o no debería ponerlas) las inversiones en educación y sanidad, tal como ha señalado, con un exceso de gesticulación, el Gobierno de Andalucía. En lo que sí tiene razón el Ejecutivo autonómico es que no se entiende tanto rigor cuando tanto las agencias de rating (las que evalúan los riesgos financieros de administraciones y empresas) como el sector bancario están demostrando confianza en el trabajo realizado por el Gobierno de Juanma Moreno, que ha sido capaz de presentar las primeras cuentas autonómicas de España de 2020. Por tanto, haría bien el Ministerio de Hacienda en mostrar un poco de más flexibilidad en la aplicación de la Ley de Estabilidad, mientras que la Junta de Andalucía debería evitar argumentos tremendistas que restan seriedad a sus lógicas peticiones.