La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte ha suspendido la huelga de camioneros que ha puesto en vilo a España, en un serio aprieto al Gobierno de Pedro Sánchez y a muchas industrias al borde del cierre por falta de suministro. Después del acuerdo que el Ministerio de Transporte alcanzó con las grandes organizaciones, la ministra, Raquel Sánchez, tuvo que rectificar y aceptar una reunión con esta pequeña organización, después de calificar de modo torpe a sus miembros de ultraderechistas o de aliados de Putin. La gestión del Gobierno en la crisis ha sido un desastre sin paliativos, aunque al final se ha llegado a un acuerdo que la plataforma no ha tenido más remedio que terminar aceptando. Todos los españoles, todos los trabajadores y todas las empresas están sufriendo el alza del precio de los combustibles de modos diversos, pero con consecuencias graves. El Gobierno ha adoptado varias medidas que se deben traducir en una contención de la inflación, aunque serán visibles, si funcionan, en varios meses: se ha reducido en 20 céntimos el precio de los combustibles, se mantiene la bajada fiscal de la electricidad y se prevé que en mayo esté aprobada la nueva factura de la luz con el desacoplamiento del gas natural como generador de energía. La inflación en la zona euro se ha situado en el 7,5%, pero en España ha rozado el 10%, sin tener la dependencia de otros países respecto a los combustibles fósiles de Rusia. No cabe duda de que la huelga de camioneros, unida a la subida de precios de materias primas derivada de la invasión de Ucrania, se ha sumado a un desequilibrio entre la demanda y la oferta que ha tirado de modo negativo de los precios. Es de esperar que los precios alcancen, al menos, una estabilidad, aunque habrá que llegar al final de la guerra de Ucrania y a ver cómo se solventa para regresar a una situación anterior. La globalización económica también nos había hecho más dependiente de países de riesgos extraordinarios, como el caso de Rusia.