Galicia y Canarias han sido las primeras comunidades autónomas españolas en exigir el certificado que acredita la vacunación completa para poder entrar en bares, discotecas y restaurantes en los municipios especialmente afectados por la pandemia del coronavirus. En el caso del archipiélago, además, se pedirá este documento para acceder a recintos deportivos y culturales cerrados. Asimismo, Francia ha acelerado la campaña de vacunación como paso previo de una medida, la del llamado pasaporte Covid, que muy probablemente veremos implantarse en buena parte de la Unión Europea en los próximos meses. No estamos ante una decisión baladí, pues a nadie se le escapa que dicho pasaporte podría suponer una discriminación para los no vacunados. Ahora bien, en este grupo habría que distinguir entre los que no se han inoculado porque aún no han tenido la oportunidad, problema que dejará de existir en unos meses, y los que no lo han hecho por decisión propia y voluntaria, los cuales tendrán que ser conscientes de que una consecuencia de su libre elección es la imposibilidad de acceder a determinados lugares de socialización. Los últimos datos revelan que estamos ante una nueva oleada de coronavirus motivada, en gran parte, por la variante delta, que tiene una gran facilidad de expansión. Ante esta situación, si no queremos volver a un confinamiento duro que sería desastroso para la economía, hay que tomar medidas como las del pasaporte Covid. El debate es ineludible y tarde o temprano tendremos que afrontarlo. Eso sí, esta vez la medida debería ser de carácter nacional. No podemos seguir actuando contra el coronavirus como si viviésemos en comunidades estanco. España es una realidad profundamente conectada y necesita medidas coordinadas. Es hora de que el Gobierno central vuelta a tomar protagonismo en la lucha contra la pandemia. El SARS-CoV-2 es una realidad que durará mucho tiempo, más probablemente de lo que pensamos, y tendremos que poner en marcha medidas polémicas. La del pasaporte Covid será una de ellas.