Pena de telediario para Rajoy

El auto que impide al presidente declarar por videoconferencia en el juicio por el caso Gürtel es a todas luces incomprensible

El auto de la Audiencia Nacional por el que se rechaza la petición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de realizar por videoconferencia su declaración como testigo en el juicio por el caso Gürtel es incomprensible y, una vez más, refuerza la idea que está cundiendo entre los ciudadanos de que algunas decisiones de los jueces están motivadas por asuntos que poco tienen que ver con la administración de justicia. Que en plena revolución tecnológica, en la que cualquier persona usa con frecuencia las videoconferencias para sus comunicaciones profesionales y personales, se le obligue a un presidente del Ejecutivo a acudir presencialmente a un juicio en el que no está procesado sólo puede estar motivado por el deseo de facilitar la imagen del mismo ante un tribunal. Es decir, se pretende condenar a Rajoy a uno de los principales males de la justicia actual: la pena de telediario.

Esta idea se refuerza si se hace un poco de memoria y se recuerda que muchos otros políticos de todo el espectro ideológico han utilizado el sistema de la videoconferencia para sus declaraciones ante los tribunales. Artur Mas, Nuria de Gispert, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Rodrigo Rato o Ramón Espadaler testificaron en su día por este medio alegando diferentes razones. Cada vez da más la sensación de que algunas personas están interesadas en dar a entender a la opinión pública que Rajoy acude al juicio del caso Gürtel como acusado y no como mero testigo.

Los argumentos expuestos por el presidente para realizar tal solicitud a la Audiencia Nacional eran más que lógicos, ya que su traslado a un polígono industrial a 18 kilómetros de La Moncloa llevará consigo aparejado un despliegue de seguridad y de gastos para el erario público innecesarios. De hecho, el propio presidente del tribunal, el juez Ángel Hurtado, emitió un voto particular favorable para que Rajoy pudiese utilizar el método de la videoconferencia, un método que está recogido en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La decisión de la Audiencia Nacional lanza a la sociedad la imagen de unos jueces excesivamente sensibles al contexto político y mediático del caso Gürtel, además de ajenos a las muchas posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. No es así como la Justicia española recuperará el prestigio perdido entre unos ciudadanos, cada vez más escépticos respecto a la independencia de los más altos tribunales.

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