El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers que le acompañaban desde hace una semana en su fuga a Bruselas para eludir a la Justicia española se vieron forzados ayer a entregarse a la Policía belga ante la certeza de que iban a ser detenidos por la euroorden dictada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado viernes por su incomparecencia el jueves a la citación para declarar. Pese a su entrega voluntaria y su supuesta disposición a colaborar con la Justicia de Bélgica, lo cierto es que la detención de la parte del Govern destituido que no está en prisión -salvo Santi Vila, que la eludió menos de 24 horas después de ser encarcelado depositando una fianza- sólo es un paso en el esperpéntico y cobarde proceder de Puigdemont de no asumir las consecuencias de sus propios hechos. Conforme al derecho comunitario y belga, la Fiscalía federal con sede en Bruselas lo ha puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha ordenado la libertad con cargos de los detenidos, para los que dictó medidas cautelares, según los abogados de algunos de ellos, que no habían trascendido al cierre de esta edición. La detención del ex president y sus correligionarios marca el inicio de un incierto proceso en cuanto a cuándo estarán a disposición de la Justicia española, porque dependerá de su propia actitud y de la decisiones que tome el sistema judicial belga. Puigdemont sólo ha ganado algunas semanas, con el objetivo de seguir desprestigiando a Cataluña y sus instituciones y atacando a España en su conjunto, poniendo en duda la innegable separación de poderes y negando las garantías que sí existen en los procesos judiciales en nuestro Reino. Tras su comparecencia en Bruselas ante cientos de medios de comunicación, la prensa internacional calificó como un circo -no es para menos- su huida y su argumentario. Pero Puigdemont ha conseguido la complicidad de algunos políticos belgas, que se dejan llevar por las falsedades del ex gobernante catalán y reclaman, como hizo ayer el ministro de Interior belga, el separatista flamenco Jan Jambon, un "juicio justo". Cuando precisamente lo que Puigdemont trata de evitar y disfraza de persecución antidemocrática es la reacción de los resortes democráticos de un Estado de Derecho como España, cuya Justicia considera que, como sus compañeros encarcelados, es supuesto responsable de hechos muy graves que encajarían en los tipos penales de rebelión, conspiración para la rebelión o sedición, además de desobediencia y malversación de fondos. Deseamos que, cuanto antes, Bélgica cumpla con su deber de socio leal de la UE y ponga a disposición de la Justicia española a estos prófugos.