La Sanidad pública andaluza padece un déficit de financiación que proviene de los recortes presupuestarios que comenzaron con la crisis económica de 2017. Según ele estudio que anualmente elabora la Federación de Asociaciones para Defensa de la Sanidad Pública, una organización de amplio historial sin compromiso partidario, Andalucía es la comunidad que menos gasta en este sector, 1.166 euros por habitantes, mientras que la media española se sitúa en los 1.444. Más de 500 euros menos que las dos comunidades forales, País Vasco y Navarra, injustamente beneficiadas por el cálculo de su cupo, y Extremadura, que es la comunidad que más se ha beneficiado del régimen general. Sin embargo, esta escasa financiación no es achacable al Gobierno andaluz, puesto que la comunidad es una de las que más invierte en comparación con su PIB. Estamos, pues, ante un problema de reparto de los fondos del Estado y de financiación de los servicios públicos. La cartera de servicios en Andalucía es de las más altas del país y la satisfacción de los usuarios no es mala, con independencia de los problemas que se han venido agravando en especial en la Atención Primaria a consecuencia de los recortes. El enorme gasto de Navarra y País Vasco en sanidad no se traduce, de modo proporcional, en un aumento de la calidad en el servicio, ya que Andalucía ha ahorrado mucho, por ejemplo, en el gasto farmacéutico. Aun así, ha habido recortes, hay insuficiencias en algunos servicios y la puesta en marcha de muchos centros sanitarios sufre una parálisis oculta tras la propaganda: hace más de una década que se anunció la apertura de pequeños hospitales comarcales. La Sanidad pública es mejorable, y habrá asuntos de gestión que es necesario reformar, pero es evidente que hay un problema de financiación. Si entendemos que todos los españoles deben recibir unos servicios públicos de la misma calidad, está claro que el déficit proviene de la financiación estatal. Si la Sanidad andaluza se ha mantenido hasta ahora es porque se ha detraído financiación de otras políticas, como la de inversión en infraestructuras. Cabe, por tanto, mejorar los ingresos públicos, pero también abrir nuevas vías a complementos de capital y gestión privada. No se trata de privatizar ni hospitales ni mucho menos de vender sistemas públicos de atención en las comarcas, como se hizo en la comunidad valenciana, sino de buscar nuevos modos de financiación para un servicio que debe atender cada día a una demanda mayor, ya sea por avances médicos o por envejecimiento de la población.