Tarjeta amarilla a España por la contaminación

Además de las leyes, es necesaria una conciencia social que penalice la contaminación. Estamos ante un problema que a todos nos compete

España no está haciendo bien sus deberes para combatir la contaminación del aire. De hecho, incumple reiteradamente la normativa europea al respecto. La situación ha llegado a tal punto que Bruselas le ha dado un ultimátum: o antes del final de la próxima semana presenta al comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, sus planes para aminorar esta cuestión o llevará a nuestro país -junto a ocho estados más- ante los tribunales. El problema no es fácil de solucionar porque, aunque es el Estado el que da la cara ante la Unión Europea, muchas de las políticas para fomentar una mejor calidad del aire dependen de los ayuntamientos y las autonomías. Por eso, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, tiene la obligación de redoblar los esfuerzos para coordinar las acciones necesarias con el objetivo de cumplir con las exigencias de Bruselas. De igual modo, los responsables autonómicos y municipales deben intensificar las políticas para mejorar la calidad del aire. Y no sólo por cumplir con nuestros compromisos europeos -que también-, sino porque estamos hablando de una cuestión que afecta sobremanera a la salud pública. No en vano, según Vella, unos 400.000 ciudadanos europeos mueren prematuramente cada año debido a la contaminación del aire. No es un dato que se pueda obviar.

Es evidente que el problema de la contaminación afecta especialmente a las grandes ciudades españolas, como Madrid y Barcelona, donde se produce una mayor concentración de tráfico rodado y de industrias. Sin embargo, no debemos engañarnos. En Andalucía también existen problemas importantes. De hecho, Sevilla figura en dos listas negras confeccionadas por Ecologistas en Acción sobre episodios de contaminación: en una, por superar los índices de dióxido de nitrógeno y, en la otra, por la excesiva presencia de las partículas denominadas PM10, las más peligrosas para la salud. Asimismo, ciudades como Bailén, Granada y Huelva también superan los índices recomendados.

Para combatir este extremo está en tramitación parlamentaria la ley andaluza para el Cambio Climático, texto que, entre otras cosas, pretende luchar con mayor eficacia contra la contaminación. En ese sentido podemos decir que nuestra Comunidad se encuentra en el camino adecuado. Pero de nada servirá este texto legal si no se acompaña de la férrea voluntad política de que se cumpla. También es necesaria una conciencia social que evite y penalice la contaminación. Estamos ante un problema que a todos nos compete.

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