Los ciudadanos asistimos en los últimos tiempos a un muy preocupante deterioro de las instituciones democráticas, algunas de las cuales son pilares fundamentales del sistema que nos dimos a nosotros mismos con la Constitución de 1978. El esperpento de la votación del pasado jueves para la aprobación de la reforma laboral sólo fue un botón de muestra de un proceso de decadencia que está provocando en la ciudadanía una desafección cada vez mayor. Este desgaste está afectando a la mayoría de las más altas instituciones del Estado, como la Corona o la Justicia, pero es en el Congreso de los Diputados donde se visibiliza de una manera más clara. La pregunta que se impone es: ¿a quién beneficia este descrédito? Evidentemente, a aquellos que no creen en la democracia ni en la continuidad y unidad del Estado español. Pero sería un error atribuirle sólo a los partidos más rabiosamente populistas o radicales toda la culpa de este proceso de deterioro de las instituciones democráticas. Los principales responsables son, precisamente, los que más deberían hacer por cuidar el sistema, es decir los grandes partidos sistémicos. Por desgracia, vemos que tanto el PSOE como PP se han empeñado en convertir las instituciones en un campo de batalla sin cuartel en el que se han perdido las normas y modales más elementales. Tanto las formas como el fondo son importantes en una democracia. Cada vez que sus señorías usan la tribuna del Congreso como plataforma para el insulto y la manipulación o impulsan iniciativas frívolas como hacer preguntas parlamentarias sobre Eurovisión, le están faltando al respeto no sólo a los ciudadanos, sino a un sistema que algunos (cada vez más) sueñan con finiquitar. Es hora de que todos los partidos, pero muy especialmente los llamados a gobernar, pongan fin a este proceso que está corroyendo las bases de nuestra convivencia. Respetar las instituciones democráticas es respetar a los ciudadanos y viceversa.