Por una financiación justa para todos

El acuerdo del Parlamento andaluz sigue siendo válido, es el criterio de población el que debe utilizarse para repartir los fondos de la bolsa común

El Gobierno español debe garantizar que las comunidades autónomas puedan prestar sus servicios esenciales -básicamente, sanidad, educación y prestaciones sociales- con suficiencia y sin que ello implique privilegios entre territorios. Éste es el principio básico que debe sostener cualquier sistema de financiación autonómica, y tiene que ser la guía para la negociación del próximo modelo, ya que el actual caducó en 2014. Como otros anteriores, este modelo arrastra graves diferencias de financiación entre comunidades, siendo Valencia, Andalucía y Murcia las más perjudicadas. El valenciano es el caso más grave. Ello se debe a que la negociación trató de conciliar diferentes objetivos, tantos que algunos eran incompatibles entre sí. Las comunidades donde el Estado recauda más dinero reclaman un aporte extraordinario, bajo el argumento de que eso supone un modo de incentivar la creación de riqueza. No siempre es así, y nunca debe olvidarse que los ciudadanos de estos territorios más ricos no pagan más impuestos, sino que se concentran en estas comunidades. Al día de hoy, es Madrid la que más recauda y aporta a la bolsa común, tres veces más que Cataluña, que es la siguiente, pero también se beneficia del efecto capital. Ésa es una discusión. Y ahora surge otra: las comunidades más despobladas reclaman un trato preferencial para evitar un fenómeno propio de la globalización o del devenir de la historia. Es como si en España siempre hubiera un motivo para que el criterio de reparto no fuesen los ciudadanos, a quienes van dirigidos esos servicios, sino las hectáreas o la contribución al PIB nacional. Entendemos que el Gobierno andaluz debe defender una financiación justa, que no es otra que lo más igualitaria posible para el conjunto de los españoles. El acuerdo que el Parlamento andaluz alcanzó con la participación de casi todos los partidos sigue siendo válido, es el criterio de población el que debe definir el reparto de los fondos de la bolsa común. Este criterio puede ser modificado, en parte, por otros menores, pero no se puede desvirtuar ese sentido.

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