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La Junta y los sindicatos con representación en la función pública están en un proceso negociador para cerrar una nueva regulación para los puestos de libre designación, una figura que cumple con los requisitos legales pero que da lugar a una politización clara de los altos escalones administrativos y que coarta la carrera de profesionales que ven impedido su acceso a empleos de especial responsabilidad. La Administración andaluza tiene, según ha informado este periódico, 2.881 funcionarios en puestos de libre designación de una plantilla total de más de 45.000 empleados. Son trabajadores que acceden a un alto cargo por la decisión personal del responsable político de su departamento, es decir, sin que medie concurso de méritos o cualquier otro sistema de promoción interna. Los sindicatos consideran, con argumentos sobrados, que este sistema compromete la igualdad de todos los empleados públicos. La Junta, por su parte, está dispuesta a dar una salida a esta situación sin que ello suponga una merma en la calidad de la gestión. No hay que olvidar que la práctica totalidad de estos puestos de libre designación se producen en los puestos de más nivel, donde compiten los profesionales con mejor carrera profesional. La propuesta que está encima de la mesa pasa por desarrollar la figura del concurso singular, prevista en la Ley de Función Pública, una fórmula intermedia entre el concurso ordinario y la libre designación. Es una modalidad por desarrollar capaz de armonizar los intereses de la eficacia administrativa y la igualdad de acceso a los puestos de especial responsabilidad. Sea esta o cualquier otra la salida que finalmente se adopte, la politización de los altos escalones de la función pública debe ser evitada con toda contundencia. Los criterios de eficacia y de calidad deben prevalecer sobre cualquier otro factor. Hay ejemplos de sobra de que una Administración en la que priman criterios partidistas y de amiguismo deteriora el servicio público y abre las puertas a irregularidades de todo tipo.
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