Las nuevas manifestaciones en toda España, protagonizadas por decenas de miles de jubilados descontentos, evidencian el grado de crispación de un importante sector de la población, que fue capital para evitar el estallido social en la reciente crisis. Ahora reclaman en las calles la recuperación del poder adquisitivo perdido en los dos últimos años, después de que sus sueldos se hayan actualizado en 2018 en un 0,25%, el mínimo que marca la ley. Se trata de salarios que, en el caso de Andalucía, suponen un importe medio de 971 euros al mes por beneficiario, un 31% más que en enero de 2008, pero 100 euros menos que la media nacional. La promesa condicionada de Rajoy de incrementar las pensiones mínimas y las de viudedad, si logra sacar adelante los Presupuestos, no ha atemperado el malestar. Al contrario. El presidente del Gobierno defendió el sábado en Marbella que las pensiones subirán, pero "lo que se pueda". Y ése es el gran interrogante que es necesario despejar sin demagogia. Porque las protestas organizadas por los sindicatos y que la oposición azuza al contribuir al desgaste del Ejecutivo, no pueden ocultar la existencia de un problema de fondo que es necesario abordar de una vez por todas. Los trabajadores tienen derecho al pago de unas prestaciones que le aseguren en el futuro una vida digna después de décadas de cotización. Pero ahora mismo, la viabilidad a medio y largo plazo del sistema público de pensiones se halla en cuestión. El desplome de la afiliación a la Seguridad Social, la reducción de los ingresos por el descenso de los salarios, la baja natalidad y el incremento general de la esperanza de vida constituyen un cóctel inasumible para las arcas del Estado. Más aún cuando en las próximas décadas todas las prospecciones avanzan que la situación se agravará. La reforma, por tanto, es inaplazable. En los últimos años, el déficit generado ha provocado que se consuma la práctica totalidad de los 67.000 millones del fondo de reserva acumulado. Un escenario que apenas se ha logrado revertir pese al incremento del empleo. La opción para no consumir del todo la hucha ha sido recurrir al crédito. Pero ésa no es la salida. El Pacto de Toledo, que se creó para sacar del debate partidista estas prestaciones, es hoy una herramienta ineficaz. Si ya no es útil, hay que forjar otro gran acuerdo de Estado. Rajoy debe abandonar su proverbial actitud y liderar una negociación con el resto de partidos. Y al resto de formaciones hay que pedirles que superen la tentación de ambicionar sólo el puñado de votos que consideran que obtendrán en los próximos comicios, si continúa el malestar. Hay demasiado en juego.